
El titular de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo confirmó que dejará su cargo el próximo 10 de diciembre, tras acompañar a Gustavo Sáenz desde el inicio de su gestión.


Patricia Bullrich volvió a presionar para que el Congreso trate la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años y habilitar penas para adolescentes. Organismos de derechos humanos rechazan el proyecto y alertan sobre su impacto social.
Política23/11/2025
PUE!
La ex ministra de Seguridad y senadora nacional electa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, retomó este viernes su ofensiva para que el Congreso avance con el proyecto de Ley Penal Juvenil, que plantea que adolescentes de 14 años en adelante puedan ser juzgados y encarcelados. Hoy, la edad de imputabilidad en Argentina es de 16 años.
Bullrich aseguró que la iniciativa está “lista para ser tratada” y cuestionó que, en estos meses, otras prioridades hayan desplazado el debate sobre seguridad. No es la primera vez que impulsa esta modificación: ya había intentado avanzar con una reforma similar durante el gobierno de Mauricio Macri.
La funcionaria acompañó su reclamo con un caso que —según dijo— involucra a tres menores de la Provincia de Buenos Aires que suman “27 delitos en 2025”: “No son imputables, la Justicia los libera y siguen cometiendo delitos. El kirchnerismo, como siempre, los defiende”, criticó en sus redes.
El proyecto promueve un esquema de penas escalonadas para jóvenes, el aumento de sanciones y la creación de establecimientos especiales para menores infractores. También propone protocolos específicos de intervención y un régimen procesal adaptado al sistema penal juvenil.
La iniciativa, sin embargo, genera un fuerte rechazo entre organismos de derechos humanos, que sostienen que bajar la edad de imputabilidad contradice estándares internacionales. Argumentan que un adolescente de 14 años no tiene la madurez cognitiva ni emocional de un adulto, por lo que no debería recibir las mismas respuestas punitivas. Además, remarcan que gran parte de los casos de delito juvenil se dan en contextos de exclusión, pobreza y vulnerabilidad, por lo que el abordaje debería contemplar políticas sociales y educativas.
Aun así, Bullrich insistió: “Como senadora, en el nuevo Congreso, voy por este objetivo: la vamos a aprobar”.
El debate promete instalarse nuevamente en el Congreso, en un escenario político donde la seguridad volvió a ocupar el centro de la agenda pública.

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