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El sistema de salud pública en Salta está entrando en una etapa delicada: sobran problemas estructurales, pero falta algo mucho más básico, médicos que quieran trabajar en el interior. Y en una provincia donde moverse entre localidades implica horas de viaje y zonas de difícil acceso, la escasez de profesionales jóvenes está obligando al Gobierno a buscar soluciones urgentes. Una de ellas es reinsertar a médicos jubilados para cubrir los puestos que nadie quiere.
El ministro de Salud, Federico Mangione, explicó en La Mesa de Café que este no es un fenómeno solo local, sino parte de una crisis nacional. Contó que las carreras de Medicina, con formaciones de más de 10 o 12 años, ya no resultan atractivas para muchos jóvenes, que buscan especialidades “más livianas” o mejores condiciones laborales. Cuando se les propone ir a lugares alejados, simplemente rechazan la oferta.
Mangione también puso sobre la mesa un punto sensible: muchos médicos jubilados están dispuestos a volver, pero no solo por vocación. Las jubilaciones son tan bajas que, según él, no alcanzan para vivir con dignidad. Varios profesionales de más de 75 años siguen atendiendo en consultorios privados porque necesitan el ingreso extra. Y frente a la falta de médicos en el interior, son justamente ellos quienes podrían ofrecer una salida.
El inconveniente es legal. Muchos jubilados renuncian a su matrícula al retirarse, lo que los deja sin autorización para ejercer. El Gobierno trabaja en un proyecto para habilitar una “matrícula J” que les permita recetar y atender en el ámbito público sin quedar expuestos. Según Mangione, también influye un conflicto generacional: los profesionales jóvenes no quieren que los jubilados sigan trabajando, aunque tampoco están dispuestos a ocupar esos puestos.
El ministro advirtió que, si esta tendencia continúa, el panorama será crítico. Hoy la provincia tiene solo 12 médicos formados en terapia pediátrica y apenas 10 neurólogos infantiles, números bajísimos para la cantidad de población que depende del sistema público. “Si los gobiernos no actúan, vamos a tener problemas graves en hospitales y clínicas”, alertó.
Desde la UNSa, Enrique Heredia —coordinador de la Práctica Final Obligatoria y médico jubilado— aportó una mirada más matizada. Defendió la idea como “una buena estrategia de salvataje” que permitiría transmitir experiencia a los jóvenes, aunque remarcó que sería preocupante que los profesionales acepten solo por necesidad económica. Explicó que muchos jubilados en el sector privado siguen activos porque sus haberes no llegan al nivel mínimo para sostener un hogar.
En cuanto a los números, detalló que una jubilación del sistema público salteño ronda el millón de pesos, mientras que el haber máximo apenas alcanza los 2,5 millones. En octubre, una familia necesitó más de 1,1 millones para no caer bajo la línea de pobreza, lo que deja al descubierto por qué muchos profesionales retirados deben seguir trabajando.
