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Desde La Libertad Avanza, la postura fue contundente: “El superávit fiscal no se negocia”, expresaron a través de las redes sociales, en un mensaje que fue replicado y respaldado por el propio presidente Javier Milei. La advertencia del Ejecutivo se suma al veto ya publicado en el Boletín Oficial contra la ley de movilidad jubilatoria y la declaración de emergencia en discapacidad.
La tensión no solo se limita a estos proyectos. En una sesión cargada de simbolismo político, la Cámara baja también rechazó cinco decretos de necesidad y urgencia (DNU) impulsados por el oficialismo, que apuntaban a la reestructuración de organismos estratégicos del Estado como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y varios entes culturales. Si bien los decretos aún siguen vigentes –hasta que el Senado también los rechace– el voto opositor significó un fuerte revés para el plan de ajuste y desregulación del Gobierno, encabezado por Federico Sturzenegger.
Entre los DNU más polémicos se encuentran el 461/25, que proponía disolver Vialidad Nacional sin establecer reemplazo, y el 462/25, que desarticulaba los consejos directivos del INTA y del INTI, concentrando el poder en funcionarios designados por el Ejecutivo. También cayeron decretos que recortaban autonomía en áreas culturales, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la marina mercante.
En paralelo, crece la tensión con los gobernadores, que ahora empujan un debate sobre el reparto de la coparticipación. Desde la Casa Rosada buscan tender puentes para sostener las impugnaciones presidenciales, conscientes de que la pérdida de apoyo en el Congreso puede derivar en nuevas derrotas legislativas que comprometan el núcleo duro del programa libertario.
Aunque en el Ejecutivo aseguran que no pagarán un costo político por vetar el aumento a universidades y al Garrahan, el escenario se torna más incierto si los decretos rechazados finalmente pierden vigencia en el Senado. La disputa por el rumbo económico y político del país suma así un nuevo capítulo de alta tensión institucional.
