PUE!
El golpe del narcoescándalo no solo arrasó con la carrera política de José Luis Espert: también transformó por completo su día a día. Recluido casi por completo en su casa de Beccar, apenas sale para lo indispensable y dedica la mayor parte del tiempo a intentar contener a su esposa, María Mercedes González, que también quedó afectada por el allanamiento de octubre. Pero su preocupación central es otra: su futuro profesional. Asegura que la denuncia lo dejó marcado y hoy duda de que alguien vuelva a convocarlo para asesorías, conferencias o trabajo político. “La política me arruinó la vida”, repite en su círculo más íntimo.
El aislamiento se profundizó después de que estallaran las denuncias por lavado, los vuelos en aviones de Machado y las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Lo que más lo golpeó, dicen sus allegados, fue la reacción de La Libertad Avanza. Afirma que Karina Milei y Santiago Caputo le soltaron la mano y que el Gobierno sostuvo a otros funcionarios investigados mientras él quedó “solo frente a la jauría mediática”. Aunque agradece que Javier Milei lo haya defendido en público, siente que su espacio político lo dejó expuesto.
El allanamiento del 9 de octubre terminó de devastar a su familia. La investigación incluyó requisas a su esposa y al hijo de ella, algo que Espert todavía no puede procesar. Desde entonces, su abogado Alejandro Freeland pasó a ser también un sostén emocional: lo visita todas las semanas, revisan el expediente y escucha sus descargos. Con el escándalo, todo su equipo político renunció. Hubo semanas en las que la casa estuvo rodeada de móviles y drones sobrevolando el patio.
Con el correr de los días, la atención mediática bajó y Espert empezó tímidamente a salir en Uber, a comer afuera o tomar un café. Su rutina ahora gira alrededor del ejercicio en el quincho —cinta y pesas— y la revisión obsesiva de sus errores, especialmente su mal desempeño mediático y el fallido video en el que intentó explicar el dinero recibido. Se siente víctima de una operación que mezcló política y prensa, y señala figuras de La Libertad Avanza —entre ellas Patricia Bullrich— como sus principales detractores internos.
Mientras tanto, avanza la causa por presunto lavado en Comodoro Py y la investigación por su patrimonio en San Isidro. Sus abogados niegan irregularidades y argumentan que varios de los vuelos cuestionados ocurrieron fuera del período de campaña y que el contrato por US$ 200 mil fue un acuerdo privado previo a su candidatura. Aun así, su ánimo está por el piso. Hoy, sin rosca política ni estructura, su vida pasa entre trámites judiciales, ejercicios para despejar la cabeza y largas jornadas de encierro. “Está destruido y sin saber qué viene después”, resume alguien que todavía lo visita.
