PUE!
El Congreso se reactivó esta semana en la previa al inicio de las sesiones extraordinarias, que tendrá como premisa fundamental la aprobación de la reforma laboral que impulsa el Presidente Javier Milei. No obstante, el Gobierno decidió también apurar el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, que ingresó al temario de febrero. La mira está puesta en intentar bajar la ley de imputabilidad a 13 años.
En este sentido, el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una reunión de jefes de bloques este miércoles a las 14. En principio, será un encuentro para ordenar el cronograma de trabajo en las sesiones de este mes. “Una labor de las extraordinarias”, aseguraron.
“No hay un temario, aparentemente va a ser en carácter de ver cómo nos ordenamos para adelante”, indicó a este medio un legislador opositor. La intención es ver qué comisiones se quieren conformar y acordar cuándo va a ser la fecha de la primera sesión extraordinaria del año.
“Para los planteos tenemos primero que ver qué pasa con los dictámenes que aprueben los senadores”, remarcó otro diputado que mantiene diálogo abierto con el Gobierno. La referencia es para la reforma laboral y la Ley de Glaciares, que serán los dos grandes temas de la Cámara Alta en el inicio de las extraordinarias.
Sucede que la reforma de la legislación penal juvenil comenzará su tratamiento en Diputados, a diferencia de la reforma laboral, que iniciará el debate en el Senado. Es una de las medidas que más polémica traerá con la oposición, ya que el Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
“Si llegan a disponer la conformación de las comisiones, ya puede comenzar a tratar el proyecto”, explicó a este medio un diputado de un bloque que es considerado dialoguista. Y añadió: “Más allá de que está caído el proyecto del año pasado, ya hay un dictamen que fue trabajado, debatido y acordado después de casi 8 meses de trabajo. Sería una locura volver a foja cero”.
Con la baja de la edad de imputabilidad hay un debate profundo porque algunos diputados entienden que puede ser el camino para bajar la delincuencia, pero hay dudas respecto de una serie de garantías y recursos para los menores (cursos, talleres, cuestión edilicia, personal a cargo). De momento, no hay garantías de si el gobierno nacional está dispuesto a llevar adelante todo lo que la ley dispone.
“No es solo meter preso, sino cómo trabajás con ellos para buscarle una reinserción sana y fuera del contexto de donde estaban”, explicó un legislador que está dispuesto a dar el debate, pero con condiciones. “No tiene que ser una ley para castigar, sino para evitar que los delitos sucedan”, sentenció.
Este tipo de debates se replican en distintos bloques. Uno que también tiene objeciones es uno de sus históricos aliados, que en el último tiempo tomó distancia. En el PRO hay una primera objeción importante: la edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años. “No hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos”, aseguran.
También hay una objeción de logística: bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. “Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”, remarcan.
Y otro planteo al Gobierno: “Hay otro punto crítico a tener en cuenta: el financiamiento. Más allá de la edad, la discusión es estéril si no hablamos de recursos. Un nuevo régimen no se sostiene solo con código penal; necesita un presupuesto que lo sostenga”.
