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El Régimen Penal Juvenil suma nuevas exigencias para los profesionales encargados de supervisar causas en el ámbito de la Justicia nacional y federal. La medida fue oficializada este lunes 19 de octubre mediante la Disposición 1/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La normativa establece que los profesionales deberán presentar una declaración jurada sobre incompatibilidades, requisitos y compromiso de funciones. El documento será obligatorio tanto para quienes aspiren a ingresar al Registro de Supervisores como para quienes ya estén incorporados.
La declaración jurada deberá entregarse antes de formalizar la inscripción en el registro, incorporarse al listado correspondiente o recibir causas para su supervisión.
La medida alcanza a especialistas con formación académica en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones y trabajo social.
Además, quienes ya se encuentren desempeñando estas tareas deberán ratificar y presentar el documento dentro de los diez días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la disposición.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la decisión busca garantizar la idoneidad, la transparencia y la ausencia de incompatibilidades que puedan afectar el ejercicio de la función.
La disposición forma parte de la implementación de la Ley 27.801, que regula el Régimen Penal Juvenil.
Sin embargo, la nueva medida no modifica las penas ni establece nuevos criterios de responsabilidad penal para adolescentes. Se concentra específicamente en los requisitos administrativos que deben cumplir los profesionales responsables de supervisar las causas.
