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Más de cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes del Noroeste argentino viven en situación de pobreza. El indicador alcanza al 42,4% en 2026, mientras que la indigencia infantil llega al 8,3%, según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y UNICEF citados en un informe de Ciudadana Comunicación.
Aunque el escenario representa una mejora respecto de 2023, cuando la pobreza infantil había alcanzado el 52% y la indigencia el 12,3%, la recuperación todavía no alcanza los niveles de años anteriores. En 2018, la pobreza infantil en el NOA era del 38,4%, por lo que el registro actual permanece cuatro puntos por encima.
En el aglomerado urbano Salta, el 29,7% de las personas se encontraba bajo la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026, frente al 31,5% del NOA y el 32,3% a nivel nacional. El dato nacional fue informado por el INDEC para el conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados.
La indigencia alcanzó al 4,4% de la población salteña, mientras que, entre los seis aglomerados urbanos de la región, Salta registró la tercera tasa de pobreza más baja.
Sin embargo, la situación cambia cuando se pone el foco específicamente en la infancia. El Índice Provincial de Niñez de UNICEF ubicó a Salta entre las provincias que mostraron avances durante la última década, aunque con un valor de 0,581, por debajo del promedio nacional de 0,630. El principal rezago provincial aparece en educación.
El informe destaca el impacto de las transferencias de ingresos sobre la situación de las familias. Según sus estimaciones, sin estas políticas la pobreza infantil pasaría del 42,5% al 47,8%, mientras que la indigencia subiría del 9,5% al 16,4%.
La Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y el Plan 1000 Días funcionan así como herramientas centrales de protección de ingresos.
En Salta, a septiembre de 2026, hay 177.090 beneficiarios de la AUH. De acuerdo con el informe, el 98% del aporte nacional destinado a la niñez corresponde a políticas de protección de ingresos.
El resto de las políticas dependen cada vez más de los recursos provinciales: las provincias financian el 67% de la inversión social en niñez y ejecutan el 70% del gasto. También sostienen el 96% del gasto educativo y el 81% del gasto en salud.
Uno de los ejemplos señalados es el de los comedores escolares. Entre 2024 y 2025, la cantidad de escuelas salteñas asistidas pasó de 283 a 114, una reducción del 59,7%. En el mismo período, los estudiantes alcanzados bajaron de 29.463 a 22.309.
En 2025, Salta recibió $4.377 millones de un programa nacional que distribuyó fondos entre 22 jurisdicciones, aunque la transferencia estuvo acompañada por una reducción de la cobertura territorial.
El informe también marca retrocesos en distintas áreas. En educación, señala una caída del 28% en términos reales de la ejecución presupuestaria entre 2025 y 2026. Las becas disminuyeron 44%, mientras que la inversión en conectividad e infraestructura escolar cayó 96% y la formación docente, 98%.
En salud infantil, la asistencia a los sistemas provinciales se redujo un 67% en términos reales durante 2026, después de una caída del 62% en 2025. También se registraron menores transferencias al Hospital Garrahan y reducciones en recursos destinados a vacunas.
La primera infancia tampoco quedó afuera: el Plan Nacional de Primera Infancia cayó 51% en 2025, mientras que el programa de Acompañamiento en Crianza registró una reducción del 100% ese año.
La discusión se traslada ahora al Presupuesto 2027. El análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), incorporado al informe, advierte que las principales transferencias destinadas a la niñez —AUH, Prestación Alimentar, Asignaciones Familiares, Plan 1000 Días y Beca Progresar— podrían volver a niveles similares a los de 2023.
Ese año fue uno de los puntos más bajos de la serie, con una caída superior al 20% en las transferencias respecto de los dos períodos anteriores.
Además, el proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar el mecanismo de actualización de la AUH y las Asignaciones Familiares mediante la derogación de los artículos de la Ley 27.160 que establecen su movilidad automática, sin incorporar una nueva fórmula ni una periodicidad mínima de actualización.
ACIJ advierte que, bajo ese esquema, los aumentos quedarían sujetos a las decisiones presupuestarias del Gobierno nacional. Como antecedente, señala que la Prestación Alimentar permaneció 23 meses sin actualización.
Las proyecciones también contemplan reducciones para otros programas: la Educación Sexual Integral aparece con una caída del 98,5% respecto de 2023; salud sexual y reproductiva, cerca del 30%; y el conjunto de programas contra la violencia de género, un 89%.
Así, el informe plantea una situación de contraste: la pobreza infantil del NOA bajó respecto del pico de 2023, pero todavía alcanza al 42,4% de los chicos, mientras se discute un presupuesto nacional que, según el análisis, reduciría el financiamiento de distintas políticas destinadas a la infancia.
