Trata de alumnas en Salta: nuevas víctimas, drogas y moteles

En la Justicia federal consideran que es un caso "inédito" el de trata de personas en las que se captaban adolescentes vírgenes para ser abusadas. La red operaba en torno a un colegio de zona sur y a medida que avanzan los días se conocen mas detalles aberrrantes. Se sospecha que uno de los implicados le suministraba droga a las víctimas y además, según relataron las menores, algunos de los abusos se concretaron en dos moteles ubicados en la ruta nacional 26, camino a La Isla.

Por ahora son cinco los imputados un remisero, un empresario del rubro materiales de construcción, un dueño de una gráfica, un hombre de Campo Quijano —que fue liberado— y un menor de 16 años que habría actuado como informante de las condiciones de las víctimas.

El fiscal federal Eduardo Villalba, en los próximos días, ampliará las imputaciones ante supuestos nuevos delitos que aparecen en la escena. Si bien, la investigación comenzó con dos casos, mientras pasan los días más estudiantes se animan a hablar. Estiman que las afectadas podrían ser más de diez o incluso hasta 20.

El caso incluso tomó relevancia nacional con un dato: los tratantes pagaban 200 mil pesos por las chicas vírgenes. Pero la trama es mucho más oscura, ya que hay sospechas fuertes sobre el suministro de droga, un elemento que es frecuente en los casos de trata de personas ante personas en estado de vulnerabilidad económica o emocional.

Los investigadores sostienen que el sistema estaba organizado, con roles definidos y códigos en los mensajes que usaban para referirse a las citas.

Los implicados fueron imputados por trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual agravada, por haberse consumado el delito y por la participación de más de tres personas, además de la minoridad y vulnerabilidad de las víctimas.

Las defensas de algunos acusados solicitaron la excarcelación, pero el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, rechazó los planteos al coincidir con el Ministerio Público Fiscal en que existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. La gravedad de los hechos, la escala penal —que prevé penas de entre 10 y 15 años— y el impacto social del caso reforzaron la decisión de mantener la prisión preventiva de los principales sospechosos.

El único que recuperó la libertad fue el hombre de Campo Quijano, al determinarse que no tuvo contacto directo con el remisero, aunque sigue vinculado a la causa y bajo monitoreo judicial.

La pesquisa, llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), destapó un entramado que actuaba en torno a una escuela. El remisero acusado era el nexo entre las alumnas y los denominados "clientes".

Según los testimonios, las menores eran captadas mediante promesas de dinero, regalos y favores. Luego eran trasladadas en un automóvil Volkswagen Voyage blanco, ocultas en algunos casos bajo los asientos o incluso en el baúl, para evitar ser vistas por vecinos o autoridades.