Condenaron a funcionarios de la AMT que cobraban para liberar autos secuestrados

Sergio Gonzalo Musso fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua, mientras que José Fernando Carrasco (autor) y Guillermo Sebastián Villafañe (partícipe necesario) recibieron la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

La investigación comenzó tras la denuncia del presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, quien advirtió la desaparición de un automóvil secuestrado en una de las playas del organismo.

Las cámaras de seguridad mostraron a un hombre presentar un papel al guardia y retirar el vehículo. Luego se detectó que la orden de liberación había desaparecido y que los expedientes de entre 148 y 160 vehículos secuestrados habían sido eliminados del sistema informático.

Los investigadores determinaron que Musso lideraba la maniobra con fines de lucro personal, en complicidad con Carrasco, empleado de la Mesa de Entradas. Ambos contactaban a propietarios de vehículos secuestrados por remises no habilitados o Uber y les exigían entre 30.000 y 40.000 pesos para entregarles órdenes de liberación falsas.

Villafañe, que no formaba parte del personal de la AMT, recibía el dinero en efectivo y entregaba los documentos irregulares, coordinando directamente con Musso, quien facilitaba su contacto con las víctimas.

La investigación permitió reunir pruebas sobre la mecánica de la entrega irregular de vehículos, que generó un perjuicio económico significativo a las arcas provinciales.