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La fragilidad económica de las familias y el ahogo financiero de los trabajadores salteños quedaron al descubierto tras la publicación de un preocupante relevamiento elaborado por la consultora EcoGo en conjunto con la Universidad Austral.
El informe privado encendió todas las luces rojas en el ámbito bancario, comercial e institucional de Salta al revelar que cada persona con compromisos crediticios vigentes en la provincia acarrea una deuda promedio de $4.200.000, una cifra que refleja el elevado nivel de bancarización y financiamiento utilizado para cubrir los gastos cotidianos.
Aunque la cifra promedio en la provincia se mantiene por debajo de la media nacional, que se posiciona en torno a los $4,9 millones por deudor, la verdadera señal de alarma entre analistas y economistas locales radica en la marcada pérdida de capacidad de cumplimiento en los plazos de pago. Según precisó el relevamiento, la mora en Salta trepó al 20,4% del total de los créditos otorgados, colocándose de forma peligrosa por encima del 18,4% registrado en el promedio de la Argentina.
El deterioro en la cadena de pagos responde a un fenómeno en cadena donde el recurso del crédito dejó de utilizarse para bienes de capital o inversiones de mediano plazo para pasar a financiar consumos corrientes de la canasta familiar.
La pérdida del poder adquisitivo, sumada a las elevadas tasas de interés y al costo de vida registrado en los municipios salteños, derivó en que más de dos de cada diez tomadores de crédito en la provincia mantengan atrasos, refinanciaciones complejas o estado de mora con entidades financieras y plásticos comerciales.
La brecha de morosidad ubica a Salta entre las jurisdicciones más comprometidas de la región del Noroeste Argentino (NOA), generando inquietud en el sector comercial ante una eventual parálisis o restricción en la concesión de nuevos créditos al consumo para el último trimestre del año.
