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El deterioro de la capacidad de pago en las familias argentinas volvió a encender las alarmas en el análisis socioeconómico tras las advertencias del investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Eduardo Donza, quien confirmó que un 30% de los hogares en el país padece deudas de difícil cumplimiento, arrastrados por la necesidad de financiar bienes indispensables del día a día. El especialista remarcó que existe un marcado divorcio entre las mediciones oficiales de pobreza por ingresos y la percepción real de los presupuestos domésticos, condicionados por la pesada carga que representan los gastos fijos mensuales.
En ese sentido, Donza explicó que el indicador tradicional de pobreza por ingresos compara las entradas de un hogar con una Canasta Básica Total (CBT) configurada sobre encuestas de consumo de los años 2004 y 2005, la cual no refleja la estructura de gastos actual. En las últimas dos décadas, rubros como alquileres, tarifas de luz y gas, medicina prepaga, educación y medicamentos pasaron a absorber una porción significativamente superior del presupuesto, por lo que, aunque la tasa oficial de pobreza por ingresos muestre mejoras circunstanciales, la liquidez neta del hogar disminuye, restando margen de maniobra para la alimentación y el esparcimiento. Según relevamientos del propio Observatorio, tras el pico de deterioro registrado a fines de 2023, la proporción de la población que manifiesta que el dinero no le alcanza para mantener su nivel de vida promedio se sostiene en un elevado 46%.
El punto más crítico señalado por el investigador de la UCA radica en la mutación de la naturaleza del crédito, ya que mientras históricamente las familias apelaban al financiamiento para la adquisición de bienes durables, como viviendas, vehículos o electrodomésticos, la dinámica reciente forzó el uso del endeudamiento para compras corrientes.
Donza señaló que si una persona no llega a pagar la electricidad, el gas o no puede comprar un remedio, recurre al endeudamiento, pero el problema estructural radica en que esos gastos vuelven al mes siguiente y la deuda empieza a formar una cadena que se vuelve insostenible. Asimismo, el informe de la UCA subraya que la presión económica dejó de ser exclusiva de las franjas de mayor vulnerabilidad social para calar hondo en los estratos medios y medios altos, donde el impacto se traduce en la erosión de la calidad de vida, el recorte directo de consumos secundarios o la postergación indefinida de decisiones patrimoniales como la renovación de vehículos. Frente a este escenario, el especialista concluyó que la evaluación sobre el bienestar social exige priorizar la masa salarial neta disponible una vez liquidados los compromisos obligatorios e insumos básicos del mes.
