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La concesionaria Conde fue allanada en el marco de una investigación por presuntas estafas procesales que tiene como imputado a José Luis Gutiérrez Conde.
La causa está a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, que busca determinar si se habrían utilizado de manera irregular pagarés y domicilios falsos en distintos procesos judiciales, con posibles perjuicios para compradores y garantes de la firma.
La investigación comenzó luego de una alerta de magistrados de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos, quienes detectaron irregularidades reiteradas en los domicilios consignados para personas demandadas en diferentes expedientes.
Ante estas situaciones, los jueces dispusieron la suspensión preventiva de los procesos para evitar posibles daños mientras se investigaban las irregularidades.
A partir de allí, la Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó testimonios a distintos clientes. Algunos aseguraron desconocer la existencia de juicios en su contra, incluso después de haber cancelado sus créditos prendarios.
Otros denunciantes, en tanto, pusieron en duda la autenticidad de las firmas y los montos reclamados en los pagarés que habían sido presentados ante la Justicia.
Con autorización del Juzgado de Garantías, se realizaron dos operativos de manera simultánea. Uno tuvo lugar en la sede de la concesionaria, ubicada sobre calle Florida, y el otro en el domicilio particular de Gutiérrez Conde, en San Lorenzo Chico.
Las medidas fueron coordinadas por la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni y el jefe de la Unidad de Investigación, Juan Pablo Sánchez.
Durante los procedimientos se buscó secuestrar documentación contable, pagarés, dispositivos electrónicos y archivos de clientes, elementos que serán analizados mediante pericias por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
La fiscal Salinas Odorisio sostiene como principal hipótesis que las presuntas maniobras investigadas podrían haber permitido obtener sentencias de remate y embargos de manera ilícita.
La investigación continúa abierta y el análisis de la documentación y los dispositivos incautados podría aportar nuevas pruebas. En ese contexto, no se descarta una ampliación de las imputaciones contra el acusado.
