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La investigación iniciada en el municipio de Cerrillos derivó en una de las causas judiciales de mayor impacto en el fuero federal salteño. El Juez Federal de Garantías N° 2, Diego Anzorreguy, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) e imputó al empresario José Antonio “Kiko” Fernández, propietario del emprendimiento porcino y gastronómico “Cerdo Negro”, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada.
La acusación, contemplada en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, contempla tres agravantes principales: la cantidad de personas afectadas, la situación de vulnerabilidad de las presuntas víctimas y la consumación de la explotación.
La causa se originó a partir de una denuncia anónima recibida en la Línea 145, lo que motivó actuaciones preliminares de la Unidad Fiscal Salta junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Durante las inspecciones realizadas en la finca de Cerrillos, las autoridades constataron graves deficiencias en las condiciones de habitabilidad y laborales de al menos 20 trabajadores relevados, focalizándose la imputación en siete casos críticos:
Habitabilidad insalubre: Registraron habitaciones con pisos de tierra, camas armadas sobre palets de madera y la utilización de letrinas. Para el aseo personal, los empleados debían calentar agua en recipientes improvisados.
Irregularidad salarial y jornadas: Se detectaron sueldos que representaban entre un 30% y 50% por debajo del Convenio Colectivo correspondiente, sin abonar horas extras, feriados ni días de descanso.
Inscripción engañosa: Se expuso una maniobra habitual consistente en registrar al personal dentro del régimen temporal de la cosecha de tabaco para abonar aportes inferiores, derivándolos luego de forma permanente a la cría de cerdos y tareas del establecimiento.
Vulnerabilidad de adultos mayores: Entre los trabajadores afectados figuraban personas de la tercera edad que, debido a los exiguos ingresos, debían acudir a comedores comunitarios para completar su alimentación diaria.
Falta de cobertura médica: Se documentó el caso de un empleado que sufrió un accidente laboral en un miembro inferior y no recibió asistencia médica por parte del empleador, teniendo que ser trasladado por sus familiares y sufriendo el descuento de los días no trabajados.
En la audiencia de formalización, la fiscalía contrarrestó los argumentos de la defensa exhibiendo informes financieros de ARCA que acreditan ingresos superiores a los 600 millones de pesos por parte de Fernández durante el período 2025-2026, argumentando solvencia económica suficiente para garantizar condiciones dignas.
El defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, en representación de tres de los trabajadores, adhirió al planteo del MPF. Por su parte, la Justicia Federal dispuso:
Un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación de investigación del expediente.
La prohibición de salida del país para el empresario.
La restricción de acercamiento y contacto respecto a los trabajadores afectados.
Al momento de prestar declaración, Fernández rechazó las acusaciones asegurando que las piezas de adobe no estaban habilitadas y atribuyó las condiciones a decisiones individuales de los propios trabajadores, afirmando disponer de otras instalaciones con mayor equipamiento en la propiedad.
