El Senado debate la prórroga de la Ley de Emergencia por Violencia de Género en Salta

El Senado de Salta avanza con la prórroga por otros dos años de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, establecida por la Ley 7.857. El proyecto obtuvo dictamen favorable en comisión y ahora deberá ser tratado en el recinto antes del vencimiento previsto para el 8 de septiembre.

La iniciativa, impulsada por las senadoras Leonor Minetti y Alejandra Navarro, permitiría al Poder Ejecutivo mantener y reasignar partidas presupuestarias destinadas a programas de prevención, asistencia y protección de víctimas.

Durante la reunión se conocieron datos que generaron preocupación. Según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, las denuncias registradas en 2025 aumentaron casi un 93% respecto de 2016. Además, casi tres de cada diez denuncias registradas en el Sistema Único de Denuncias corresponden a situaciones de violencia familiar o de género.

Otro dato que encendió las alarmas es que Salta ya contabilizó siete femicidios durante 2026. La cifra alcanzada en agosto igualó el total registrado durante todo 2025.

También aumentó la demanda de asistencia: en lo que va de 2026 ya se alcanzó el 86% de todas las asistencias realizadas durante 2025, mientras que los requerimientos judiciales representan el 116% del total del año pasado.

Preocupación en el interior

Durante el debate también se señaló la falta de estructuras específicas para atender estos casos en algunos municipios. Actualmente, menos de la mitad de las comunas mantiene áreas específicas de género, mientras que otras las incorporaron a dependencias de Acción Social.

A esto se suma el cese de partidas nacionales destinadas al área, por lo que las autoridades plantearon la necesidad de sostener los recursos provinciales y reforzar la atención en el interior.

Entre las propuestas aparece la creación de un Sistema Provincial de Acompañamiento Integral, destinado a que las víctimas puedan contar con referentes durante los trámites judiciales y sanitarios, y no solamente recibir asistencia al momento de realizar una denuncia.

La Ley 7.857, sancionada en 2014, permitió implementar herramientas como juzgados y fiscalías especializadas, botones antipánico, equipos interdisciplinarios y mecanismos de coordinación entre organismos estatales.

La prórroga también busca mantener programas de asistencia psicológica, orientación jurídica y prevención, además de profundizar la capacitación de policías, que muchas veces constituyen el primer contacto de las víctimas con el Estado.