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Un exhaustivo documento de relevamiento técnico expuso las falencias estructurales de la provincia para responder a la crisis de salud mental y consumos problemáticos. Se trata del Informe Interinstitucional de Situación, Análisis Integrado y Propuestas de Política Pública, un estudio realizado por Alba Quintar desde la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos (CIPAC), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El trabajo contrapuso por primera vez los registros del Sistema de Emergencias 911, la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, efectores sanitarios como el Hospital Papa Francisco y encuestas de SEDRONAR/OAD.
Lejos de aislar los episodios, el diagnóstico cruzado reveló que el sistema actual se encuentra fragmentado y resulta incapaz de garantizar la continuidad de los tratamientos, dejando al descubierto puntos críticos que van desde las aulas hasta la propia fuerza de seguridad.
El Sistema de Emergencias 911 reportó 2.836 intervenciones de su Servicio de Psicología entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, lo que equivale a un promedio de 7,8 asistencias diarias sobre un universo total de 1.145.766 llamados recibidos.
Aunque la contención telefónica inmediata resolvió el 49 % de las urgencias (1.390 casos), el dato más alarmante del estudio radica en la derivación asistencial: el 20 % de los asistidos (567 personas) "rechazó la derivación o no concurrió al turno propuesto". El informe cataloga este número como la prueba más directa de la desconexión del Estado para acompañar al paciente en crisis una vez finalizada la llamada de emergencia.
La investigación identificó al alcohol como la principal amenaza transversal de la provincia. En el ámbito escolar, los datos de la encuesta SEDRONAR/OAD 2025 en secundarios salteños mostraron que el 61,2 % consumió alcohol en el último año. La problemática se refleja en la vía pública: el registro contravencional policial contabilizó 30.888 denuncias por el Artículo 103, correspondiente a la ingesta de bebidas alcohólicas en la calle.
En paralelo, el estudio enciende una fuerte alarma sobre las apuestas con dinero, cuya prevalencia anual en estudiantes alcanzó el 27,6 %. El juego de azar digital superó al consumo de vapeadores (25,5 %), tabaco (22,3 %), marihuana (10,3 %) y cocaína (2,6 %), ubicándose 1,4 puntos porcentuales por encima de la media nacional.
En el terreno del combate al narcotráfico, la Dirección General de Drogas Peligrosas reportó 6.413 intervenciones por consumo y venta, con una marcada concentración del 50,7 % entre Capital (2.157) y Capital Sur (1.096). Por su parte, la plataforma EMERES REPORT anotó 15.586 registros, liderados por denuncias de consumo en curso (7.501) y venta en curso (4.556).
Sin embargo, el informe de la especialista Alba Quintar deja al descubierto la vulnerabilidad interna del Ministerio de Seguridad: la tabla de recursos humanos reveló la presencia de 13 trabajadores sociales, 4 psicólogos, 2 asistentes sociales y 0 psiquiatras para asistir a todo el personal policial.
A esta falta de profesionales se suma un conflicto normativo: la Policía continúa aplicando un plan de adicciones del año 2008. En 2025 se frenó la actualización del protocolo debido a un dictamen jurídico que vinculó el consumo de drogas con conductas delictivas. El informe advierte que esta lógica punitiva castiga al efectivo e impide que busque ayuda por miedo a ser sancionado.
La investigación analiza también la falta de registro de las adicciones cuando el paciente ingresa a la guardia hospitalaria. En el Hospital Papa Francisco, la psicología externa registró apenas 7 consultas explícitas por adicciones en todo un año. No obstante, el propio centro médico aclaró que el consumo aparece de forma "oculta" o cruzada en internaciones por violencia, traumatismos e intentos de suicidio.
Cuando la adicción no se detecta a tiempo, el impacto en la alta complejidad es severo: según datos institucionales de SAFESA, los consumos problemáticos representan el 14,9 % de las urgencias por salud mental y escalan al 35 % de las hospitalizaciones en la red provincial.
Finalmente, el documento cuestiona al Ministerio de Educación: pese a contar con 150 profesionales en el Programa de Orientación Escolar, los informes de la cartera solo miden los talleres realizados y no registran cuántos casos fueron detectados en las aulas ni si los alumnos recibieron tratamiento.
