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La Cámara de Diputados de Salta debatirá este martes un proyecto de ley impulsado por legisladores de La Libertad Avanza que busca prohibir de manera total el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos con acceso a internet por parte de las personas privadas de la libertad en todas las unidades penitenciarias de la provincia.
La iniciativa fue presentada por los diputados Eduardo Virgili, Andrés Arce, Claudio Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids Cornejo, Fernanda Domínguez, Alejandro Esper, Franco Lastra y Sergio López.
El proyecto establece que los internos no podrán poseer ni utilizar celulares, smartphones, tablets, computadoras portátiles con conectividad ni ningún otro dispositivo capaz de realizar llamadas, enviar mensajes o acceder a internet.
Además, la propuesta plantea dejar sin efecto cualquier normativa o disposición administrativa que actualmente permita el uso de teléfonos personales dentro de los establecimientos penitenciarios.
En reemplazo de esos dispositivos, los legisladores proponen que el derecho a la comunicación se ejerza exclusivamente a través de teléfonos fijos o equipos móviles institucionales provistos por el Servicio Penitenciario.
Las llamadas tendrían un límite de 40 minutos diarios, se realizarían en horarios determinados y quedarían registradas y supervisadas por las autoridades. La única excepción serían las comunicaciones entre los internos y sus abogados defensores, las cuales no estarían sujetas a controles.
La iniciativa también contempla la habilitación de videollamadas institucionales en espacios especialmente acondicionados y con registro audiovisual.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la instalación obligatoria de inhibidores de señal de telefonía celular e internet en todos los pabellones, módulos y perímetros de las cárceles provinciales. Para ello, el Poder Ejecutivo deberá coordinar acciones con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y realizar estudios técnicos para evitar que la interferencia afecte las comunicaciones de los vecinos o los servicios de emergencia.
Los legisladores libertarios sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad penitenciaria y evitar que desde las cárceles se continúen realizando maniobras delictivas mediante teléfonos celulares.
Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario de Salta señalaron que el reglamento interno de las unidades carcelarias ya establece la prohibición del uso de celulares y citaron la Resolución N.º 159/02 de la Secretaría de Justicia, que regula esta situación.
