El hermano de Adorni duplicó su patrimonio en un año y declaró más de $80 millones

El funcionario del Ministerio de Defensa declaró más de $80 millones y su patrimonio casi se duplicó en poco más de un año, según su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Política13/05/2026PUE!PUE!
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El crecimiento patrimonial de Francisco Jorge Adorni, hermano del funcionario Manuel Adorni, quedó en el centro de la escena tras conocerse su última declaración jurada, en la que informó bienes por más de $80,5 millones.

El actual titular del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), dependiente del Ministerio de Defensa, casi duplicó su patrimonio en poco más de un año, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores.

Francisco Adorni es contador público, ingresó al Estado nacional en 2024 como asesor y en 2025 fue designado al frente del IAF, organismo clave que administra las jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas. Previamente, trabajó más de 20 años en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y también tuvo participación política dentro de La Libertad Avanza.

De acuerdo a los datos presentados ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario declaró un patrimonio superior a los $80,5 millones, lo que representa casi el doble de lo informado al inicio de la actual gestión.

Entre los principales movimientos que explican el incremento figuran la cancelación de un crédito hipotecario por casi $60 millones en apenas 12 meses y la incorporación del 50% de una Jeep Renegade modelo 2020, valuada en aproximadamente $8 millones, además de otros bienes y movimientos financieros.

El crecimiento patrimonial fue cuestionado por sectores opositores, que ponen el foco en la velocidad del incremento en el marco de su rol dentro del Estado. El caso además se da en paralelo al escrutinio que enfrenta su hermano, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde el oficialismo sostienen que el funcionario cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la administración pública y que el aumento de su patrimonio responde a ingresos legítimos, cancelación de deudas y bienes preexistentes.

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