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En un mensaje emitido por Cadena Nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei presentó este jueves lo que definió como "el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años". El paquete de medidas contempla la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), la implementación de una regla fiscal con sanciones a la política y cambios profundos en los sectores financiero y asegurador.
Durante su discurso, el mandatario apuntó duramente contra la gestión de la autoridad monetaria a lo largo de las últimas décadas, señalando que el organismo funcionó como una herramienta que posibilitó "el robo de la alta política" a través de la emisión de dinero para financiar al Tesoro. En ese marco, cuestionó con dureza la reforma de la Carta Orgánica realizada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para reestructurar el funcionamiento del BCRA se articula sobre cinco pilares fundamentales:
Unico objetivo: Se elimina la multiplicidad de metas vigentes y se establece que la misión fundamental y exclusiva de la entidad será preservar el valor de la moneda.
Prohibición total de financiamiento: Se prohíbe de manera taxativa la asistencia financiera del Banco Central al Estado, tanto al Tesoro Nacional como a las provincias y municipios.
Independencia y blindaje del Directorio: Para remover al presidente o a los integrantes del directorio del BCRA se requerirá la aprobación de dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.
Restricción de dividendos: Se prohíbe la distribución de utilidades contables consideradas "ficticias" derivadas de la prestación de servicios de liquidez o revaluaciones de reservas.
Eliminación de Letras Intransferibles: Se suprimen los títulos de deuda entregados por el Estado al BCRA a cambio de reservas, buscando sanear el balance de la institución.
Como complemento a los cambios en la autoridad monetaria, el mandatario detalló la creación del denominado "grillete fiscal", una regla permanente orientada a prohibir que el Congreso apruebe o sostenga presupuestos con déficit.
La iniciativa establece que, si las cuentas públicas registran saldo negativo durante varios meses consecutivos y el Poder Legislativo no corrige el desvío en un plazo fijado, se activará de forma automática un esquema de shutdown (apagón estatal). Este mecanismo paralizará las actividades no esenciales del Estado, congelará la contratación de personal y suspenderá las transferencias discrecionales a las provincias.
Asimismo, la normativa contempla una sanción directa para los funcionarios públicos: durante el período que dure el shutdown, ni el Presidente, ni el Vicepresidente, ni los legisladores nacionales, ministros, secretarios o subsecretarios percibirán sus haberes.
El anuncio presidencial incluyó también dos reformas enfocadas en la desregulación económica:
Mercado de Capitales: Se impulsarán cambios normativos para facilitar la emisión de bonos corporativos en moneda extranjera u otras unidades de medida, al tiempo que se flexibilizarán los requisitos para las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding).
Mercado de Seguros: Se otorgará libertad a las compañías aseguradoras para diseñar y lanzar productos al mercado sin necesidad de autorización previa del organismo regulador, cuyo rol quedará acotado a la supervisión de la solvencia empresarial.
El proyecto de ley iniciará formalmente su camino parlamentario en los próximos días, donde el oficialismo buscará cosechar los acuerdos necesarios en ambas cámaras para su tratamiento.
