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En un movimiento que sacude las estructuras del poder, la diputada nacional Marcela Pagano formalizó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei. El conflicto estalló a raíz de las recientes limitaciones impuestas al ingreso de la prensa acreditada en la Casa de Gobierno, una decisión que la legisladora calificó como un atropello institucional sin precedentes desde 1983.
"La Casa Rosada no es propiedad privada"
Pagano, quien antes de su incursión en la política consolidó una reconocida trayectoria en los medios de comunicación, utilizó sus canales oficiales para lanzar una dura crítica a la gestión comunicacional del Gobierno.
“La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir quién accede”, disparó la diputada, marcando una distancia irreversible con el círculo íntimo del Presidente.
El riesgo de silenciar voces
Para la legisladora, impedir el libre ejercicio del periodismo en la sede del Poder Ejecutivo Nacional no es un hecho aislado, sino una señal de alerta para la salud democrática del país. En su descargo, vinculó estas restricciones con los periodos más oscuros de la historia argentina:
• Libertad de expresión: Advirtió que prohibir el acceso a voces disidentes es el "primer paso hacia regímenes autoritarios".
• Acceso a la información: Remarcó que el control discrecional de la prensa atenta contra el derecho de los ciudadanos a estar informados.
• Desafío público: Cerró su mensaje con un contundente “NO NOS VAN A CALLAR”, frase que ya se convirtió en tendencia en redes sociales y portales de noticias.
