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Un fallo judicial en Salta generó debate al dejar sin efecto la obligación de dos abuelos paternos de pagar la cuota alimentaria de su nieto, al considerar su situación de vulnerabilidad económica y de salud.
La decisión fue tomada por la jueza Ana María Carriquiry, titular del Juzgado de Primera Instancia de Personas y Familia de 2° Nominación de Orán, quien declaró inaplicable el artículo 668 del Código Civil, que establece la posibilidad de exigir alimentos a los abuelos en ausencia de cumplimiento por parte de los padres.
La causa había sido iniciada por la madre del menor, quien solicitaba el 30% de la jubilación como alimentos provisorios y el 40% como cuota definitiva. Sin embargo, la magistrada evaluó que ambos abuelos perciben jubilaciones mínimas y viven por debajo de la línea de pobreza, además de superar los 70 años de edad.
“Me encuentro con dos abuelos con una jubilación mínima, que viven por debajo de la línea de la pobreza y son mayores de 70 años”, explicó la jueza, quien también señaló que el abuelo padece diabetes y no puede trabajar.
En contraste, destacó que la madre del niño, de 26 años, cuenta con empleo y recibe beneficios sociales, lo que le permite afrontar las necesidades básicas del menor. “El niño tiene cubiertas sus necesidades básicas. Este adulto mayor no puede salir a trabajar y la mamá sí puede”, sostuvo.
Además, la jueza puso el foco en la responsabilidad del padre biológico, sobre quien pesan medidas como la prohibición de salir del país y la retención de la licencia de conducir hasta que cumpla con el pago de la cuota alimentaria.
“Una cosa es la ley y otra cosa es la justicia”, afirmó Carriquiry, quien también cuestionó la falta de responsabilidad parental y remarcó que muchos abuelos terminan asumiendo el cuidado de sus nietos. “Creo que el problema es de educación, porque no se nos educa en el manejo de las emociones”, agregó.
El fallo fue respaldado por el juez cordobés Gabriel Tavip, quien coincidió en la necesidad de analizar cada caso en particular. “Muchas veces estamos frente a situaciones de vulnerabilidad. En esos supuestos hay que buscar otras soluciones para garantizar el derecho alimentario de los niños”, expresó.
La resolución abre el debate sobre los límites de la responsabilidad familiar, el rol del Estado y la necesidad de contemplar las condiciones reales de quienes son alcanzados por este tipo de obligaciones.
