La irregularidad fue detectada durante una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y validada con datos del RENAPER. El Ejecutivo analiza avanzar judicialmente contra beneficiarios y prestadores involucrados.
Política20/12/2025
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El Gobierno nacional aseguró haber detectado que 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) pertenecían a personas fallecidas, pero que aún figuraban como activos dentro del sistema de asistencia estatal. El hallazgo surgió en el marco de una auditoría integral realizada sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según se informó oficialmente, la información fue cruzada con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), lo que permitió confirmar que esos beneficiarios ya no estaban con vida, aunque continuaban registrados para la percepción de prestaciones y beneficios.
Las irregularidades fueron detectadas por el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, sanitarista designado tras la salida del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, envuelto en una fuerte polémica luego de la difusión de audios en los que se lo escuchaba hablar sobre un presunto circuito de pedido de coimas. En los últimos días, Spagnuolo presentó en la Justicia un informe pericial en el que asegura que esos audios fueron manipulados con inteligencia artificial.
Tras detectar las inconsistencias, Vilches autorizó la baja de los certificados observados y desde la Casa Rosada analizan la posibilidad de judicializar tanto a quienes cobraban los beneficios como a los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, afirmó una fuente oficial al tanto de la investigación.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que habilita el acceso a distintas prestaciones que brinda el Estado y se otorga luego de una evaluación realizada por una Junta Interdisciplinaria. El Gobierno sostiene que el hallazgo forma parte de una serie de irregularidades más amplias detectadas en la agencia.
La auditoría sobre la ANDIS fue impulsada el 28 de agosto pasado e incluyó también la revisión de contratos y procedimientos internos. Los resultados finales aún no están cerrados y podrían ser oficializados a fines del primer trimestre de 2026.
En paralelo, dentro del Gobierno se analizó quitarle la autonomía al organismo y pasarlo a la órbita del Ministerio de Salud, una medida que finalmente no se concretó. También se encendieron alertas por un incremento del 27% en la compra de medicamentos clave para tratamientos oncológicos, según un informe preliminar.
El tema se da además en un contexto de tensión política, luego de que el oficialismo intentara derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad durante el debate del Presupuesto 2026, iniciativa que fue resistida por la oposición y varios gobernadores.
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