El avance de la investigación por la muerte del exjefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia, Vicente Osvaldo Cordeyro, continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Este lunes se confirmó que aún se realizan pericias complementarias y que el informe definitivo llevará tiempo, mientras que el cuerpo del excomisario no había sido aún entregado a su familia.
De acuerdo con lo informado por la fiscalía, la autopsia realizada en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó que el deceso de Cordeyro se produjo por asfixia por ahorcamiento. El estudio contó con la presencia de un perito de parte designado por la familia, y el informe preliminar estableció que el cuerpo presentaba lesiones superficiales provocadas por el fuego, aunque no serían la causa del fallecimiento.
El fiscal penal Gabriel González, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), indicó que el informe definitivo incluirá estudios complementarios, ya ordenados, con el objetivo de precisar distintos aspectos técnicos.
La desaparición y posterior hallazgo de Cordeyro generó conmoción en la sociedad salteña. El excomisario, reconocido por su trayectoria y por sus declaraciones públicas sobre la inseguridad y el narcotráfico, había sido visto por última vez el jueves anterior, cuando dejó a su hija en el colegio y se dirigió hacia San Lorenzo.
Tras dos días de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado el sábado por la mañana en el cerro Elefante, luego de que el análisis de cámaras y antenas de telefonía móvil permitiera establecer su recorrido. Las imágenes de seguridad lo mostraron caminando solo, vestido con ropa deportiva y cargando una mochila, desde el centro de la ciudad hasta la villa veraniega. Su automóvil, un Volkswagen Surán gris, fue encontrado cerrado y sin signos de violencia frente a la iglesia de San Lorenzo. En el lugar, personal de la Policía y del CIF realizó pericias y levantó rastros que podrían aportar información clave.
El fiscal González precisó que la investigación se desarrolla bajo el protocolo que presume homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si los indicios apuntan a un suicidio o accidente, con el fin de descartar razonadamente cualquier hipótesis.
