Salta reclamó a la Corte el pago retroactivo de pensiones por discapacidad

La medida, instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, también solicita una Medida Cautelar y la convocatoria a una audiencia pública, con el objetivo de restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez en la provincia.

Según el escrito, estas pensiones fueron suspendidas mediante procedimientos “arbitrarios, carentes de transparencia y con graves irregularidades”, lo que dejó a cientos de beneficiarios en situación de extrema vulnerabilidad. En particular, la demanda apunta a la suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y a las irregularidades detectadas en las auditorías realizadas por la ANDIS.

La Provincia reclama el restablecimiento inmediato de las pensiones, el pago retroactivo de los haberes suspendidos y la implementación de un procedimiento de auditoría transparente,profesional y accesible, que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad.

Entre las anomalías denunciadas figuran la falta de notificación previa a los beneficiarios, la aplicación de criterios dispares en las evaluaciones médicas, y la realización de auditorías por personal sin la debida habilitación profesional. Además, se cuestiona el destrato institucional hacia los organismos locales y los propios beneficiarios, quienes debieron trasladarse largas distancias para trámites que no se concretaron.

La Fiscalía de Estado sostiene que estas medidas no sólo incumplen la obligación del Estado nacional de proteger a los grupos vulnerables, sino que además agravan su situación al afectar el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana.

En ese marco, el gobierno provincial considera que se trata de una decisión de carácter fiscalista que termina por “atropellar los derechos de los ciudadanos más vulnerables”.