Corrupción en el penal Villa Las Rosas: la fiscalía dejó en claro que existía una red narcocriminal

El juicio contra miembros del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, acusados de integrar una red narcocriminal, llega a su recta final y este miércoles inició con el alegato del Ministerio Público Fiscal, que es representado por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto

La apertura de los alegatos estuvo a cargo del fiscal especializado en Narcocriminalidad, Torres Rubelt, quien advirtió que antes de abordar los tipos penales y las pruebas debía señalar un aspecto que quedó en evidencia a lo largo de las audiencias: un contexto de corrupción y degradación institucional dentro del Servicio Penitenciario, al menos en el período investigado.

“El sistema carcelario es el espacio donde el Estado ejerce de manera más absoluta su poder sobre un individuo que cometió un delito y quedó sometido a sus reglas. Su cuidado y custodia dependen exclusivamente del Estado”, expresó el fiscal.

En ese sentido, recordó que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. “Ese mandato constitucional refleja un principio humanitario: la privación de libertad solo puede justificarse como medio para la readaptación y resocialización de las personas”, afirmó.

Torres Rubelt subrayó que el Estado priva al interno de su libertad -el segundo valor más importante después de la vida- bajo la promesa de devolverlo a la sociedad como alguien que haya comprendido la importancia de cumplir las reglas y, eventualmente, superado adicciones. “La corrupción que observamos durante este proceso constituye la traición más absoluta a esa promesa”, remarcó.

El fiscal sostuvo que en lugar de romper vínculos con el delito, los internos los perfeccionan: “Aprenden que todo tiene un precio; que la conducta, los beneficios y hasta el acceso al extramuro se compran. En la cárcel, la droga se consigue con una facilidad inédita en la sociedad libre. Así, el proceso de resocialización se invierte y se eleva el nivel de reincidencia”.

Como contrapartida, recordó que los operadores de Justicia tienen un deber impuesto por la Constitución y por tratados internacionales, en particular la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que advierten sobre los efectos perniciosos de estas prácticas: la erosión de la legitimidad de las instituciones, el debilitamiento del orden moral y el atentado contra la Justicia.

En relación con el caso, precisó que el organismo público implicado —el Servicio Penitenciario— tenía la obligación de custodiar y resguardar a los internos. Sin embargo, surgieron testimonios de internos y de funcionarios, incluido el actual director de la Unidad Carcelaria, que dieron cuenta de amiguismo, falta de compromiso funcional y un desconocimiento pleno de las normas carcelarias.

Subrayó que el modus operandi y la participación de los imputados y sus roles quedó totalmente acreditado durante el juicio.

Finalmente, Torres Rubelt hizo un llamado al Tribunal para que, más allá de las herramientas jurídicas, las leyes y el razonamiento lógico, se incorporen dos claves interpretativas fundamentales: analizar los hechos bajo un prisma de corrupción penitenciaria y a la luz de una visión integral de los derechos humanos.

Red narcocriminal en el penal

La organización estaba integrada por tres engranajes claramente definidos. El primero lo constituían los internos Manuel Méndez y Héctor Banegas. El segundo era el sector externo, representado por la madre de Méndez, María Inés Méndez, y la esposa de Banegas, Ivana Gutiérrez, quienes se encargaban de la triangulación y apertura de cuentas, del cobro del dinero, de proveer la droga, prepararla, prensarla, acondicionarla e ingresarla al penal, con la colaboración de otras personas que facilitaban sus cuentas para las operaciones financieras. El tercer engranaje estaba conformado por personal del Servicio Penitenciario —Moya, Bisceglia, Alarcón, Castaño, Bucotich y Arjona—, que permitió el ingreso y la comercialización de estupefacientes dentro del ámbito de custodia, generando el marco necesario para que Méndez llevara adelante la actividad ilícita. “Estamos ante una empresa criminal sofisticada y enquistada en el centro del Servicio Penitenciario de nuestra provincia”, precisó.