El Gobierno evalúa recurrir a la Corte si el Congreso rechaza los vetos sobre jubilaciones y discapacidad

El Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Se trata una de las opciones más fuertes que tiene en carpeta el Ejecutivo, que planea solicitar la nulidad de la sesión en el Senado en la que se votaron las iniciativas. La otra apunta al fuero Contencioso Administrativo.

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, está a cargo de la estrategia legal del oficialismo en conjunto con su mesa de abogados, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro. “Vamos a intentar dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia”, expresan en Nación.

En la Casa Rosada rechazan el argumento de que el veto haya validado la sesión y aseguran que agotarán todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones legislativas sin realizar la erogación presupuestaria. “Bajo ningún aspecto vamos a promulgar las leyes. Los fondos no se van a gastar”, manifiestan.

En Balcarce 50 aseguran además que no preparan una medida para compensar los vetos con aumentos jubilatorios o con una recomposición de las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está en la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. “Vamos a seguir recortando pensiones”, agregan.

El Gobierno mantiene la intención de argumentar que la autoconvocatoria de Senado es ilegal y que lo aprobado durante la sesión del jueves no tiene validez. Planea invocar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que fija la convocatoria de sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias entre las atribuciones del Presidente.

Otro de los argumentos que tiene en carpeta el Ejecutivo es el impacto fiscal de la medida, que ya lo incluyó en los considerandos del veto. Insiste además en que las fuentes de financiamiento de la ley no contemplan más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla y apela a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.