Enrique Torres, actual Director General del Servicio Penitenciario de Salta, declaró ante el Tribunal de Juicio y reveló una serie de irregularidades cometidas por personal penitenciario, señalando directamente a un integrante de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento como uno de los responsables.
Torres apuntó a Francisco Bisceglia, a quien acusó de haber facilitado beneficios indebidos a internos, incluyendo salidas transitorias, cambios de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa y el ingreso de elementos prohibidos, como celulares, cargadores, comida, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.
El testimonio fue brindado ante el tribunal compuesto por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, y la Unidad Fiscal, encabezada por el procurador general Pedro García Castiella, junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. También estuvieron presentes los abogados defensores de los veinte imputados en el proceso.
Durante su declaración, Torres explicó que en 2022 y 2023 se desempeñó como Inspector General del Servicio Penitenciario y que, hacia mediados del año pasado, comenzaron a detectarse irregularidades en la tramitación de beneficios para internos. Los primeros indicios surgieron del Departamento de Inteligencia, que ya había advertido maniobras sospechosas en torno a Bisceglia. A partir de ello, la entonces directora general Carina Torres dio intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
Sobre el ingreso de drogas y otros objetos prohibidos al penal, Torres reconoció fallas graves en los controles y admitió que la tecnología disponible es insuficiente. Dijo que estos elementos ingresan principalmente por tres vías: las visitas, lanzamientos desde el exterior y el propio personal penitenciario. Asimismo, detalló que muchas veces los objetos son ocultados en cavidades íntimas del cuerpo, lo que complica su detección.
También indicó que las requisas al personal penitenciario son superficiales y no incluyen inspecciones corporales, aunque todos los agentes conocen las normas internas. En cuanto a los procedimientos diarios de requisa en pabellones, explicó que se hacen sin aviso previo y que, en caso de secuestro de elementos ilegales, debe labrarse un acta con firmas del responsable del hallazgo y del interno involucrado.
Un momento clave del interrogatorio se dio cuando la fiscalía le preguntó si los elementos secuestrados —como celulares, cargadores o armas tipo “punta”— pueden quedar en la oficina del jefe de pabellón. Torres fue tajante: “No pueden quedar ni por un instante. Deben ser retirados por la División Sumarios”.
Esta afirmación cobra especial relevancia al recordar que, durante un allanamiento realizado en diciembre de 2023, fueron encontradas varias “puntas” y cargadores dentro del escritorio del jefe de pabellón.
El juicio por la red narcocriminal dentro del penal continúa avanzando y promete seguir sacando a la luz los vínculos entre ciertos sectores del personal penitenciario y estructuras delictivas que operaban desde dentro del sistema carcelario.
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