Con la resolución 830/2025, publicada el miércoles último, el Ministerio de Seguridad de la Nación amplió el Plan Güemes, lanzado a fines de 2024 en Aguas Blancas, a otros tres municipios del caliente borde fronterizo de Salta con Bolivia: San Ramón de la Nueva Orán, Salvador Mazza y Tartagal.
Detrás de la resolución 830, hay un plan con objetivos, estrategias, roles y coordinaciones descriptas para fuerzas y organismos tanto nacionales como provinciales, en el intento de frenar el crecimiento del narcotráfico, el gran contrabando y otras expresiones del crimen organizado ramificadas en las últimas décadas a ambos lados de la extensa línea limítrofe con Bolivia.
El Plan busca corregir deficiencias y responder a realidades críticas de la permeable frontera norte. Una de esas realidades es la desarticulación casi total del Sistema Integrado de Vigilancia (SIV), que dejó desprotegida vastas zonas de la porosa línea internacional con Bolivia.
Sistema desarticulado
La falta de mantenimiento y la pérdida de componentes clave del SIV convirtieron en papel mojado un sistema que alguna vez prometió blindar los pasos internacionales más vulnerables. Bandas criminales aprovecharon su inoperatividad para instalar un corredor de ingreso y egreso de droga, vehículos robados, contrabando masivo y hasta de saqueo de infraestructura ferroviaria a través de inmuebles fronterizos y pasos no habilitados.
Nuevo intento de control
Con el Plan Güemes, años después del repliegue de fuerzas federales que dejó al operativo Escudo Norte maltrecho, la cartera que conduce Patricia Bullrich vuelve a apostar por una estrategia de saturación territorial y coordinación interjurisdiccional para frenar la expansión del delito transfronterizo. La propuesta incluye el despliegue de fuerzas federales, operativos integrados con tropas militares en los flancos internacionales de los departamentos San Martín y Rivadavia, refuerzo de controles en rutas y mayor vigilancia de pasos legales e ilegales, con asistencia tecnológica en puntos clave.
Mientras la frontera de Aguas Blancas fue reforzada con 310 efectivos adicionales Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval, el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, dispuso en mayo la movilización de 1.900 efectivos del Ejército hacia el área de Tartagal y Salvador Mazza, a través del denominada Operación Roca.
La elección de Salvador Mazza como nueva área de intervención no es casual. En esa ciudad fronteriza, el crimen organizado se ha mimetizado con la economía local. El narcotráfico y el contrabando no sólo operan en las sombras, sino que inyectan dinero en sectores visibles: comercios, inmuebles, transporte y hasta obras privadas. Los clanes familiares armados se convirtieron en actores económicos, al calor del desempleo, la informalidad y una infraestructura fronteriza obsoleta que no da abasto ni para el tránsito legal.
