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En la actualidad, el haber mínimo para jubilados y pensionados alcanza los $309.294,79, mientras que el haber máximo es $2.081.261,17. Estos valores reflejan los ajustes mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dispuestos desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad en abril de 2024. En el caso de aquellos que cobran mínima, se suma el bono de $70.000, por lo que el monto total llega a $379.294,79.
En caso de que la iniciativa hubiera estado vigente desde junio, el haber mínimo más bono en julio habría alcanzado los $441.564, contra los $379.295 que efectivamente se percibirán este mes. Es decir, una diferencia de $62.269 o del mencionado 16,4% de mejora.
Para quienes cobran montos superiores al haber mínimo, la suba del 7,2% también implicaría una mejora considerable. Por ejemplo, un jubilado que hoy recibe $500.000 habría percibido $536.000, y el haber máximo de $2.081.261 habría llegado a $2.231.112, lo que representa $149.851 adicionales.
Este incremento del 7,2% se plantea como una corrección a la suba extraordinaria del 12,5% otorgada en abril por decreto, con la intención de que ese ajuste alcance el 20,6%, equivalente a la inflación de enero de 2024.
Bono actualizado y reajuste mensual por inflación
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la actualización mensual del bono, que pasaría de $70.000 a $110.000 y se ajustaría en paralelo a los haberes. “El aumento de 7,2% se incorporaría al haber mensual siguiente al de la sanción de la presente [ley] sobre el haber percibido en el mes de su sanción”, establece el texto.
Esto implica que si el Senado aprueba la ley este mes, y el Gobierno no logra bloquearla con el veto, el reajuste comenzaría a regir a partir de los haberes de agosto. El proyecto también dispone que el bono actualizado no será descontado ni se considerará para el aguinaldo, manteniéndose sin cambios en su forma de percepción.
Quienes cobren la jubilación mínima o menos, como titulares de prestaciones no contributivas, percibirán el bono completo. Aquellos con haberes por encima del mínimo, pero por debajo de la suma del haber mínimo más bono, recibirán un refuerzo proporcional.
A diferencia del proyecto aprobado y vetado en 2024, la iniciativa actual incluye fuentes específicas de financiamiento. Entre ellas, se prevé la eliminación de exenciones de IVA para directores de empresas y la derogación de beneficios en Ganancias para las Sociedades de Garantía Recíproca.
También se propone redireccionar dos partidas presupuestarias asignadas a la Secretaría de Inteligencia por decreto, por un total de $32.616 millones, y afectar recursos provenientes de los entes cooperadores de los registros automotor y de la eliminación de sobrecargos en los intereses del FMI.
Pese a estos mecanismos detallados en el proyecto, el presidente Javier Milei no se refirió al contenido financiero al criticar la propuesta. Insistió en que quienes impulsan los aumentos deben explicar “cómo quieren financiarlo” o “qué gasto público quieren que bajemos”.
