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El conflicto entre el Ministerio de Salud Pública de Salta y los anestesiólogos de los hospitales públicos continúa sin solución y suma tensión. Ante la suspensión de las cirugías programadas, el Gobierno provincial prepara una presentación judicial para exigir que se restablezca el servicio.
La cartera sanitaria había establecido un plazo hasta las 18 del miércoles para normalizar las intervenciones. Como la medida continuaba, tenía previsto enviar un pedido de amparo a la Fiscalía durante la mañana del jueves. Al cierre de la información publicada por El Tribuno, no se había anunciado un acuerdo.
La Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) sostiene que los honorarios de las prácticas permanecen congelados desde julio de 2025 y reclama que se actualicen de acuerdo con las paritarias del sector.
Además, cuestiona las demoras en los pagos por las prestaciones realizadas. Luciana Andolfi, gerenta de la asociación, explicó que los profesionales llegaron a esperar casi medio año para cobrar por su trabajo.
Desde ASAAR aclararon que se mantiene la atención de pacientes oncológicos, niños, embarazadas y casos de urgencia y emergencia, mientras que la suspensión alcanza a las cirugías programadas.
El Ministerio de Salud rechazó que exista una deuda vencida de tres meses y aseguró que cumple con los plazos establecidos en el convenio: 30 días para las horas de guardia y 60 días para las prestaciones anestesiológicas.
Según informó la cartera, durante octubre desembolsó más de $1.137 millones y desde enero abonó un total superior a $4.143 millones. También indicó que canceló las liquidaciones de guardias hasta agosto y las prestaciones anestesiológicas correspondientes a mayo, junio y julio.
El Gobierno sostuvo que está dispuesto a dialogar, pero condicionó cualquier revisión de los valores al restablecimiento total del servicio quirúrgico.
Mientras las partes mantienen sus diferencias, los hospitales deben reorganizar sus servicios y los pacientes que esperan una operación siguen sin certezas sobre cuándo podrán ser intervenidos.
Por ahora, el conflicto continúa abierto y la posible presentación de un amparo podría trasladar la disputa al ámbito judicial.
