
Escándalo en Catamarca: denunciaron que Raúl Jalil decretó transferencias por $1.773 millones para clínicas de su grupo familiar
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Un duro frente de tormenta política sacudió a la provincia de Catamarca y al Noroeste Argentino tras la difusión de una investigación periodística que salpica de forma directa al gobernador Raúl Jalil. Entre enero y octubre de 2026, el Ministerio de Salud de la provincia aprobó un total de 435 resoluciones administrativas para autorizar giros por un monto acumulado de 1.773,7 millones de pesos destinados a centros de salud privados pertenecientes al conglomerado empresarial de su propio grupo familiar.
El expediente saca a la luz un severo conflicto de intereses en la administración de la salud pública catamarqueña, exponiendo cómo fondos del Tesoro Provincial terminaron en las cuentas de entidades de las que el propio mandatario reconoció ser accionista.
El reparto de los fondos entre las firmas familiares
El desglose oficial del circuito financiero muestra una marcada concentración de las partidas de dinero en cuatro entidades ligadas al clan familiar del gobernador:
Sanatorio Pasteur S.A.: Concentró la mayor tajada del presupuesto con 311 resoluciones por $1.238,8 millones.
Fundación Dr. José Guido Jalil: Recibió 81 resoluciones por $456,4 millones.
Sanatorio Junín S.A.: Sumó un total de 37 resoluciones por $76,2 millones.
Instituto Médico Privado S.A.: Registró pagos por $2,29 millones.
Reasignación de partidas de Incluir Salud y desvíos presupuestarios
Uno de los capítulos más cuestionados del relevamiento demuestra la alteración de los mecanismos normativos de financiamiento sanitario. En 81 de las resoluciones aprobadas (por un monto de 396,4 millones de pesos), se identificó expresamente a los pacientes derivados como "beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud". De este modo, prestaciones de salud que debían canalizarse bajo cobertura y partidas federales terminaron siendo liquidadas de forma directa por el estado provincial a favor de las clínicas privadas.
A su vez, la amplia mayoría de los expedientes restantes, 345 resoluciones por $1.350,2 millones, se tramitaron bajo la carátula de "reconocimiento de deudas" por la atención dispensada a pacientes sin cobertura médica previa, consolidando un esquema de pagos discrecionales que desató una fuerte controversia en el ámbito político nacional y provincial.


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