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La contaminación de un pozo petrolero en el norte de Salta encendió las alarmas y derivó en una medida judicial urgente. La Justicia de San Ramón de la Nueva Orán intimó a YPF y a President Petroleum a presentar, en un plazo de 10 días hábiles, un plan para cerrar definitivamente el pozo Loma de Olmedo X-10, ubicado en el paraje Puesto Guardián.
La resolución fue dictada por el juez Ramiro Morizzio, a partir de un pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, y tiene carácter preventivo. La decisión busca evitar que el daño ambiental se agrave mientras continúa la investigación.
Según las pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), en el lugar persisten emanaciones de gases y la presencia de una sustancia sobre la superficie, en inmediaciones del pozo.
Temen que las lluvias extiendan la contaminación
Uno de los principales riesgos señalados por la Fiscalía es que las precipitaciones arrastren las sustancias hacia terrenos vecinos destinados a la actividad agrícola y ganadera.
Ante la proximidad de la temporada de lluvias, se solicitó que las empresas presenten un plan técnico que contemple el cierre seguro del pozo, medidas de seguridad, un cronograma de ejecución y mecanismos para impedir nuevas emanaciones.
Además, deberán elaborar un plan de contingencia y contención para evitar que las sustancias presentes en el terreno se propaguen.
Qué medidas deberán implementar
La resolución establece que las acciones deberán incluir la delimitación y el aislamiento preventivo del área afectada, la instalación de barreras de contención, el monitoreo de terrenos cercanos y protocolos de respuesta ante nuevas precipitaciones.
También se contempla la intervención de las secretarías provinciales de Ambiente y de Minería y Energía, que deberán participar mediante sus organismos técnicos.
El requerimiento alcanza a otras empresas vinculadas con la cadena de concesión y explotación del pozo, aunque YPF y President Petroleum son las firmas que ya fueron intimadas.
Un problema ambiental que viene de años
El caso de Loma de Olmedo X-10 tiene antecedentes de contaminación y reclamos por sus consecuencias sobre el entorno. La situación volvió a quedar bajo la lupa judicial ante la persistencia de los riesgos y la posibilidad de que el agua extienda las sustancias hacia zonas productivas.
La Justicia también advirtió que las empresas que participaron en la explotación podrían tener responsabilidad respecto de los costos del cierre y la recomposición ambiental.
Sin embargo, la resolución actual no determina de manera definitiva la responsabilidad de cada firma. Se trata de una medida preventiva para controlar el riesgo, contener la contaminación existente y evitar que el problema se extienda.
