Tras semanas de audiencias y la declaración de más de un centenar de víctimas, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó 14 años de prisión efectiva para Cositorto y penas de entre 3 años y medio y 8 años para los cuatro miembros de la filial salteña.
Según la Fiscalía, el perjuicio económico causado a los inversores locales asciende a la impactante cifra de 776 millones de pesos. Sin embargo, el daño va más allá de lo monetario, afectando ahorros, proyectos de vida e incluso lazos familiares de cientos de personas que cayeron en la red de este esquema fraudulento. La fiscal Salinas Odorisio destacó que la oficina de Salta continuó captando dinero, incluso en febrero de 2022, cuando Cositorto ya estaba prófugo y Generación Zoe enfrentaba denuncias en otras provincias, llegando a recaudar al menos 180 mil dólares en ese período.
El alegato de la fiscal subrayó el profundo impacto emocional del engaño: “Muchos confiaron porque los invitaron personas cercanas, en espacios religiosos o afectivos. Se rompieron familias, amistades, comunidades enteras”. La estructura del fraude se basaba en una plataforma virtual que simulaba operaciones de criptoactivos y rendimientos ficticios, una “ilusión óptica” que no permitía retiros y que desapareció de la web con el inicio de las denuncias.
En Salta, la operación fraudulenta fue sostenida por los hermanos Ricardo, Jorge y Ana Vilardel, junto a Vilma Griselda Albornoz. Ellos fueron los encargados de organizar eventos, promocionar cursos y alentar nuevas inversiones, incluso cuando el sistema ya se había desmoronado. “Esta causa es el ejemplo de cómo una estafa no solo vacía bolsillos, sino que arrasa con la confianza, la estabilidad emocional y los lazos sociales”, concluyó Salinas Odorisio. El veredicto del tribunal, integrado por los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans, se espera para este viernes, y la fiscal solicitó que todos los imputados permanezcan detenidos hasta que la sentencia quede firme.
