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A escasas 48 horas de la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley N° 27.801) promovido por el Gobierno nacional, una resolución de la Justicia de la provincia de Buenos Aires generó un fuerte impacto político e institucional. La jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del departamento judicial de Lomas de Zamora, dictó una medida cautelar que suspende de forma preventiva la aplicación del régimen en el territorio bonaerense por un plazo de 60 días.
La determinación de la magistrada se produjo tras dar curso a un hábeas corpus de alcance colectivo articulado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización que advirtió sobre las severas falencias estructurales del sistema para abordar la rebaja de la edad de punibilidad.
El argumento central del fallo judicial sostiene que la provincia de Buenos Aires carece actualmente de la capacidad instalada, el personal técnico especializado y los recursos presupuestarios indispensables para absorber la demanda derivada de la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Condiciones del sistema: La jueza remarcó que los centros socioeducativos de internación y los dispositivos sociocomunitarios existentes enfrentan cuadros de hacinamiento, lo que impide garantizar procesos de reinserción social efectivos y vulnera tratados internacionales de protección de los derechos de la niñez.
Déficit presupuestario: En la presentación judicial se expuso que no se ejecutaron de manera previa las obras edilicias ni las adaptaciones operativas necesarias para recibir a una nueva población carcelaria juvenil.
Frente al escenario planteado por la medida cautelar, la titular del juzgado fijó una fecha institucional decisiva para evaluar el estado real del sistema penal juvenil bonaerense:
Audiencia fijada: La magistrada citó formalmente a las autoridades máximas de los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a una audiencia pautada para el próximo 16 de septiembre.
Requerimiento oficial: Durante dicho encuentro, los funcionarios provinciales deberán presentar informes técnicos detallados sobre los planes de infraestructura, la disponibilidad de plazas y los programas pedagógicos destinados al abordaje de la delincuencia juvenil en el territorio.
