PUE!
El juez federal Ariel Lijo le concedió una prórroga de 15 días hábiles judiciales a Manuel Adorni para presentar la documentación con la que deberá justificar su patrimonio.
El plazo original vencía este miércoles, pero la defensa del exfuncionario, a cargo del abogado Matías Ledesma, pidió más tiempo. Argumentó que todavía no había podido revisar toda la documentación y los archivos mencionados por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
La investigación comenzó a tomar forma el 10 de agosto, cuando Pollicita intimó a Adorni a explicar el crecimiento de su patrimonio durante el período en el que ocupó cargos en el Gobierno.
Según la fiscalía, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, se registró un incremento patrimonial a nombre de Adorni y de su esposa que, hasta el momento, no tendría una explicación suficiente.
El fiscal sostuvo que Adorni y su grupo familiar tuvieron ingresos comprobados por $229.752.283,20, correspondientes a 35 sueldos del período investigado y otros ingresos de su esposa.
En el mismo período, los gastos familiares alcanzaron los $272.820.832,20, incluyendo tarjetas de crédito, seguros, expensas, servicios, impuestos, electrodomésticos y viajes.
La diferencia detectada por la fiscalía es de $43.068.549 entre los ingresos y los gastos.
Pero además, Pollicita señaló que existen US$402.578,12 cuyo origen no estaría corroborado. Según el requerimiento, esos fondos habrían sido utilizados para la compra y refacción de una vivienda en el country Indio Cuá, un departamento ubicado en Miró al 500 y muebles destinados a esos inmuebles.
El fiscal también pidió explicaciones sobre distintas fuentes de financiamiento, entre ellas préstamos atribuidos a familiares, herencias, donaciones e ingresos exentos.
Otro de los puntos que deberá aclarar Adorni son las compras realizadas con tarjetas de crédito de empleados del Gobierno que estaban bajo su órbita.
Además, Pollicita incluyó en la intimación la necesidad de explicar operaciones con criptoactivos que no habían sido declarados ante la Oficina Anticorrupción.
El requerimiento presentado por el fiscal tiene 207 páginas y contiene información bancaria y patrimonial reservada, por lo que no fue difundido públicamente.
La fiscalía advirtió que, si las explicaciones de Adorni no resultan suficientes, podría pedir que sea citado a indagatoria. La decisión final sobre esa convocatoria corresponde al juez Lijo.
