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El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reformar la Ley de Tierras sumó un cambio de último momento: el oficialismo elevó al 25% el límite máximo de tierras rurales que podrán estar en manos de capitales extranjeros, cuando la normativa vigente establece un tope del 15%.
La iniciativa forma parte del paquete de desregulaciones promovidas por la administración de Javier Milei, que sostiene que la medida permitirá atraer inversiones y potenciar el desarrollo productivo del país.
La actual Ley de Tierras, sancionada en 2011, limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros tanto a nivel nacional como provincial y municipal, además de fijar restricciones por nacionalidad y por superficie en zonas consideradas estratégicas.
Desde el oficialismo argumentan que flexibilizar esas condiciones favorecerá la llegada de inversiones vinculadas al agro, la industria forestal y la producción. En cambio, sectores de la oposición y especialistas advirtieron que la modificación podría profundizar el proceso de extranjerización de tierras y comprometer recursos naturales considerados estratégicos, como reservas de agua, áreas fronterizas y zonas productivas.
El proyecto continuará su tratamiento en el Congreso, donde se espera un intenso debate entre quienes respaldan la apertura a las inversiones extranjeras y quienes consideran que la reforma pone en riesgo el control sobre el territorio nacional.
