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El dolor por la muerte de Thiago se transformó en un reclamo urgente y colectivo en las calles de Salta. Mientras la investigación penal avanza en los tribunales para determinar las responsabilidades en torno al fallecimiento del niño, el entorno cercano de la víctima activó una fuerte convocatoria pública con un objetivo central: resguardar el futuro de su hermano menor, Tobías Altamirano.
Bajo la consigna "Justicia por Thiago", familiares, amigos y vecinos organizaron una movilización para este viernes 26 de junio, a partir de las 10:00 horas. El punto de concentración elegido tiene una fuerte carga institucional, ya que se manifestarán frente a las puertas de la Secretaría de Primera Infancia, ubicada en la calle Balcarce 648 (entre Rivadavia y Entre Ríos), el organismo oficial encargado de dictar las medidas de protección excepcional sobre los menores en situación de vulnerabilidad.
La principal exigencia de la movilización radica en la situación actual de Tobías, quien tras los trágicos hechos de público conocimiento fue retirado de su entorno cotidiano y permanece preventivamente bajo el resguardo de dispositivos estatales de asistencia.
Los manifestantes y organizadores de la marcha solicitan de manera expresa:
Restitución inmediata: Exigen que cese la permanencia del menor en los centros de resguardo del Estado.
Entrega a la familia paterna: Reclaman que la Justicia y los equipos interdisciplinarios de Niñez otorguen de forma urgente la guarda del niño a su padre biológico o, en su defecto, a sus abuelos paternos.
Garantías de bienestar: Aseguran que el núcleo paterno es el espacio idóneo para contener psicológicamente al pequeño tras la pérdida de su hermano y garantizar su plena protección y estabilidad emocional.
El caso ha generado una profunda sensibilidad en la comunidad salteña, potenciada en las últimas horas por la difusión de mensajes en redes sociales que forman parte del expediente investigativo.
Ante este escenario, la marcha de este viernes buscará presionar a las autoridades gubernamentales y judiciales para que resuelvan la situación de adoptabilidad o la entrega en custodia del menor de manera prioritaria, evitando prolongar su institucionalización institucional.
