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La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick le dio al Gobierno nacional un plazo de cinco días para cumplir con la medida cautelar que ordena implementar distintos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución alcanza a las disposiciones vinculadas con la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles. En caso de que el Ejecutivo no cumpla dentro del plazo, el magistrado podría establecer multas por cada día de demora.
La medida cautelar había sido dictada por el mismo juez en diciembre y posteriormente recibió el aval de la Cámara de Apelaciones. Según los antecedentes publicados, el fallo quedó firme luego de una decisión de la Corte Suprema del 25 de junio.
El nuevo plazo judicial llega mientras continúa el conflicto salarial entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional.
En la última reunión paritaria, el Ejecutivo ofreció una actualización del 3%, propuesta que fue rechazada por los gremios. Desde CONADU sostienen que, para cumplir con la ley, la recomposición debería alcanzar el 33,4%. Ese porcentaje corresponde a la estimación de la organización gremial sobre la actualización pendiente.
El conflicto derivó además en nuevas medidas de fuerza de los trabajadores universitarios y en la convocatoria a una marcha federal universitaria para el 15 de octubre.
Ahora, el Gobierno deberá responder al requerimiento judicial dentro del plazo fijado por Cormick, mientras continúa la discusión por los salarios, las becas y el financiamiento de las universidades públicas.
