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La estrategia del Gobierno nacional por sostener a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo de máxima tensión en el Congreso. Los senadores Carlos "Camau" Espínola, Flavia Royón, Eduardo Vischi y Beatriz Ávila, entre otros legisladores, desbarataron los intentos del oficialismo por blindar al funcionario. En medio de complejas negociaciones entre las presiones de la Casa Rosada y los canales de diálogo con el peronismo, se terminó aceptando que se vote la interpelación al jefe de Gabinete el próximo jueves 25 de junio.
Con este movimiento táctico, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se apoyó en las bancadas aliadas para dar de baja la sesión que estaba prevista para este jueves. De esta manera, el oficialismo logró trasladar el mismo temario para la semana siguiente, aunque quedó abierta la posibilidad de que el peronismo impulse una moción de censura contra Adorni en ese mismo encuentro.
La resolución definitiva se adoptó este miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria que había sido convocada la semana pasada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Al encuentro asistieron la propia Bullrich, Espínola, Royón, Vischi y Ávila, además de los referentes peronistas José Mayans, Juliana di Tullio y Carolina Moisés, esta última distanciada del interbloque conducido por el legislador formoseño desde este verano.
La exministra de Seguridad y actual senadora libertaria arribó a las oficinas de la Vicepresidencia tras mantener una reunión previa en el despacho del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a los jefes de las bancadas que componen los 44 votos denominados antiperonistas. Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich se encuentra en una posición sumamente incómoda, debido a que el desgaste sobre la figura de Adorni ya es un hecho, pero no puede aparecer públicamente como la responsable de forzar su salida.
En una encrucijada similar se ubican los senadores del radicalismo, los legisladores que responden de manera directa a los gobernadores provinciales y los integrantes del PRO. Desde el bonaerense Maximiliano Abad hasta el misionero Martín Göerling coinciden en el diagnóstico de que el jefe de Gabinete no puede continuar al frente de su cargo; sin embargo, exigen que sea el propio presidente Javier Milei quien asuma el costo político de firmar su destitución.
Frente a este panorama, la determinación de Bullrich y los bloques aliados de aplazar la sesión por el término de una semana funcionó como un mecanismo para no quedar subordinados al avance del peronismo, que buscaba promover la interpelación de forma inmediata. No obstante, el malestar interno persiste: según manifestaron fuentes de las filas libertarias que ya no respaldan la continuidad del jefe de ministros, el acuerdo para sesionar el 25 de junio solo posterga una semana un escenario que asoma irreversible para los primeros días de julio.
