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La causa judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni ha tomado un giro dramático. La diputada Marcela Pagano solicitó formalmente la aprehensión del Jefe de Gabinete, argumentando que el funcionario está utilizando su alto cargo y su influencia política para boicotear la investigación en curso por enriquecimiento ilícito.
El factor del "Poder": el riesgo de entorpecimiento
Pagano sostiene que la permanencia de Adorni en libertad representa una amenaza real para la recolección de pruebas. Al ocupar uno de los cargos más altos del Poder Ejecutivo, el funcionario tendría la capacidad de influir en testigos y manipular registros públicos.
“El entorpecimiento aparece cuando el testigo advierte que fue contactado antes de declarar”, señaló Pagano, citando la jurisprudencia que habilita la detención de funcionarios en ejercicio si su poder pone en peligro el éxito de la investigación.
Las pruebas eliminadas y el contacto con el contratista
El punto más crítico de la acusación de Pagano se centra en el vínculo entre Adorni y el contratista encargado de las refacciones en su vivienda del country Indio Cua. Según la denuncia, se habrían producido las siguientes irregularidades:
• Contacto directo: Adorni habría contactado al contratista (de apellido Tabar) poco antes de que este prestara declaración testimonial.
• Oferta de "ayuda": En dicha comunicación, el funcionario le habría ofrecido el apoyo de su equipo técnico y "ayuda" institucional, lo cual es interpretado por la querella como una forma velada de presión.
• Borrado de chats: La acusación más grave indica que Adorni le solicitó al contratista que eliminara mensajes de WhatsApp. Estos mensajes contendrían el registro de pagos realizados en efectivo y sin factura por una suma cercana a los US$ 245.000, un monto que el funcionario no podría justificar con sus ingresos declarados.
