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La presentación del proyecto para crear un Código de Bienestar Animal en la ciudad de Salta abrió un fuerte debate entre referentes vinculados a la defensa de los animales.
La concejal de La Libertad Avanza, Agustina Álvarez, impulsó una iniciativa que busca fortalecer las herramientas municipales contra el maltrato animal, crear canales de denuncia, regular la situación de los animales comunitarios y establecer sanciones más severas para quienes ejerzan violencia contra perros y gatos.
Sin embargo, la propuesta recibió un durísimo cuestionamiento por parte de la abogada y proteccionista Carmen Céspedes, quien sostuvo que existe una confusión sobre el verdadero alcance que puede tener una ordenanza municipal.
Durante una entrevista en el programa Amanecidos, de PUE!, Céspedes fue tajante al explicar que ninguna ordenanza municipal ni una ley provincial pueden modificar las penas previstas para el delito de maltrato animal.
Según explicó, las condenas están establecidas por la Ley Nacional 14.346, por lo que cualquier modificación debe ser debatida y aprobada por el Congreso de la Nación.
"Quieren hacer creer que desde Salta van a aumentar las penas por maltrato animal y eso es falso. Eso solamente puede hacerlo el Congreso modificando la ley nacional", sostuvo.
Para la letrada, presentar ese tipo de anuncios genera falsas expectativas entre la sociedad y termina confundiendo a quienes buscan una solución real para la problemática.
Céspedes explicó que, dentro de las competencias locales, una provincia o un municipio podría establecer multas administrativas, pero advirtió que eso tampoco resolvería el problema de fondo.
A su criterio, muchos casos de maltrato animal ocurren en contextos de extrema vulnerabilidad social, donde las sanciones económicas resultan prácticamente imposibles de cobrar.
"Lo que hace falta son políticas públicas serias, campañas de castración y prevención, no anuncios que después no pueden cumplirse", afirmó.
La abogada también marcó una contradicción dentro de La Libertad Avanza, al señalar que mientras algunos dirigentes hablan de proteger a los animales, otros impulsan proyectos vinculados a la regulación de criaderos.
Según sostuvo, existen numerosas denuncias judiciales y antecedentes sobre las condiciones en las que funcionan muchos establecimientos dedicados a la reproducción comercial de animales.
Como ejemplo, recordó una reforma realizada años atrás en Jujuy, donde el maltrato animal dejó de ser considerado delito para convertirse en una contravención.
Según explicó, ese cambio terminó dificultando las denuncias y debilitando la protección jurídica de los animales.
Para Céspedes, ese tipo de iniciativas demuestra la importancia de conocer el funcionamiento del sistema legal antes de presentar proyectos vinculados al bienestar animal.
