

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó una condena millonaria contra la empresa Refres Now, responsable de la producción de las bebidas Manaos, al rechazar un recurso extraordinario federal que buscaba llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación.
De esta manera, quedó firme una indemnización de más de $807 millones a favor de un exempleado, luego de que la Justicia determinara que la compañía incurrió en “maniobras fraudulentas” en la registración laboral.
Irregularidades y fallo judicial
El conflicto se originó tras la denuncia del trabajador, quien aseguró haber sido forzado a un “despido indirecto” luego de años de una relación laboral con irregularidades.
Según la sentencia, la empresa utilizó un acuerdo de desvinculación en 2018 como un “artilugio” para modificar su categoría laboral, pasando de Viajante de Comercio a Promotor, una figura menos favorable en términos salariales y de derechos.
Los jueces aplicaron el principio de “primacía de la realidad” y concluyeron que el vínculo laboral nunca se interrumpió, sino que se trató de una maniobra para reducir costos y ocultar la verdadera antigüedad del empleado, que se remontaba a 2013.
Intento fallido y monto final
La empresa intentó revertir el fallo alegando arbitrariedad y violación de garantías constitucionales, pero la Corte mendocina consideró que no existía una “cuestión federal” que justificara la intervención de la Corte nacional. Además, señaló que la firma reiteró argumentos ya analizados sin demostrar irregularidades en la sentencia.
En cuanto al monto, el tribunal revisó el cálculo de intereses y lo redujo por considerar que el demandante no encuadraba como trabajador vulnerable.
La liquidación final quedó establecida en:
- $223,4 millones en capital
- $584,2 millones en intereses
Total: $807,6 millones
La reacción de la empresa
El titular de la compañía, Orlando Canido, había cuestionado la condena y calificó el monto como “una desproporción total”. También fue rechazado el pedido de pagar la indemnización en cuotas, por lo que la empresa deberá afrontar el pago completo.
El fallo marca un precedente en materia laboral y vuelve a poner el foco en las condiciones de registración y los derechos de los trabajadores en el país.


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