Casamiento VIP en Cafayate: imputaron a la dueña del predio y ella asegura que solo cedió el lugar

La investigación por el evento realizado en la Quebrada de las Conchas suma un nuevo capítulo. La propietaria del terreno fue imputada por presuntas infracciones, mientras sostiene que no organizó la fiesta.
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El escándalo por el casamiento VIP en la Quebrada de las Conchas continúa escalando y ahora tiene un nuevo foco judicial. El fiscal Pablo Paz imputó a la dueña del predio donde se realizó el evento, en el marco de una causa por presuntas infracciones a la Ley Contravencional.

La investigación, que en un primer momento apuntaba a la posible falsificación de permisos ambientales, avanzó ahora sobre la falta de habilitaciones municipales y provinciales para la realización de eventos en un área protegida.

Según el decreto de apertura de la causa, la mujer —de 36 años— habría cedido el uso del inmueble para un casamiento con fines de lucro sin contar con las autorizaciones correspondientes de los organismos competentes.

El caso se originó cuando el secretario de Gobierno de Cafayate detectó, a través de redes sociales, el montaje de estructuras técnicas en la zona de La Punilla. Al llegar al lugar, la Policía solicitó la documentación habilitante, pero solo se presentó una póliza de seguro, mientras que el resto de los permisos nunca fue acreditado.

Durante la audiencia, la imputada presentó un descargo en el que intentó desligarse de la organización del evento. Según su versión, su rol se limitó únicamente a autorizar el uso del predio, mientras que la planificación y gestión integral estuvo a cargo de terceros.

En esa línea, aseguró que recibió una supuesta autorización ambiental por parte de los organizadores, documento cuya validez luego fue cuestionada. También afirmó haber dado aviso previo a guardaparques y a la Policía, y sostuvo que el evento no provocó daños en el entorno natural.

Sin embargo, testimonios de funcionarios del área ambiental provincial incorporados a la causa indicaron que el evento no contaba con autorización formal al momento de su realización. Aclararon, no obstante, que este tipo de actividades pueden llevarse adelante en la zona, siempre que se tramiten los permisos correspondientes.

La causa sigue en curso y pone nuevamente en el centro del debate el uso de espacios naturales protegidos para eventos privados, así como los controles y responsabilidades de cada una de las partes involucradas.

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