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Un fuerte escándalo político se desató tras conocerse que la minera Glencore organizó un viaje a Estados Unidos para un grupo de legisladores argentinos que votaron a favor de la modificación de la Ley de Glaciares, lo que generó críticas y sospechas en distintos sectores del Congreso.
El viaje, previsto para los próximos días con destino a Boston, habría sido coordinado a través de la Red de Acción Política (RAP), una ONG que reúne dirigentes de distintos espacios y promueve vínculos y consensos entre referentes políticos. Sin embargo, la iniciativa quedó en el centro de la polémica por su coincidencia con el tratamiento legislativo de una norma clave para el desarrollo minero.
Según trascendió, entre los invitados figuran senadores y diputados de diferentes bloques que acompañaron la reforma. Entre ellos, las senadoras Victoria Huala (PRO) y Mariana Juri (UCR), además de diputados como Fernanda Ávila y Nicolás Massot. También integrarían la comitiva Nancy Picón Martínez, Yamila Ruiz, Carolina Basualdo y Guillermo Snopek.
Lo que encendió aún más la controversia es que incluso algunos legisladores que votaron en contra de la ley también formarían parte del viaje, como Basualdo, Snopek y la senadora Natalia Gadano, lo que amplió las dudas sobre los criterios de la invitación.
El caso generó malestar en sectores de la oposición, donde comenzaron a plantearse interrogantes sobre posibles conflictos de interés y la influencia de empresas privadas en decisiones legislativas. Durante el debate en comisiones, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, expresó su preocupación y lanzó cuestionamientos directos: “¿Qué pasó en el medio?”, preguntó, sugiriendo posibles presiones externas.
Incluso deslizó una crítica más amplia al contexto internacional: “¿Estados Unidos? ¿El Fondo Monetario Internacional?”, planteó, en referencia a posibles intereses detrás del impulso a la reforma.
Por su parte, desde algunos sectores que rechazaron la ley también se expresaron críticas. El diputado Guillermo Snopek había advertido durante la sesión que avanzar con la modificación implicaría “entregar proyectos mineros”, marcando el impacto que podría tener la norma en las provincias.
La situación reavivó el debate sobre la relación entre la política y las grandes corporaciones, en un contexto donde la reforma de la Ley de Glaciares abre la puerta a nuevos desarrollos mineros y millonarias inversiones, pero también genera preocupación por el impacto ambiental.
Mientras crecen los cuestionamientos, el viaje a Estados Unidos suma tensión a un escenario político ya atravesado por disputas sobre los recursos naturales y el rumbo económico del país.
