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La localidad de La Merced atraviesa horas de profundo dolor y tensión luego de la muerte de Tomás Alancay, un niño de 5 años que fue atropellado por Miguel Plaza, conocido como “Placita” y chofer del intendente Javier Wayar.
El hecho ocurrió cuando el menor se encontraba junto a su madre. Según trascendió, el conductor no se habría detenido a asistirlos tras el impacto, lo que agravó la situación y derivó en el fallecimiento del pequeño.
La tragedia generó una fuerte conmoción en la comunidad, donde vecinos expresaron su angustia, bronca e indignación por lo ocurrido.
Fuerte malestar con el municipio
El enojo social también apunta a la reacción del gobierno local. Desde la Municipalidad de La Merced tardaron varias horas en emitir un comunicado oficial y, hasta el momento, el intendente no se hizo presente en la casa de la familia del niño.
A través de redes sociales, Wayar reconoció que la camioneta involucrada en el hecho es de su propiedad, aunque aseguró que fue utilizada sin su autorización y que ya realizó la denuncia correspondiente.
Sin embargo, estas explicaciones no lograron calmar el malestar de los vecinos, que reclaman respuestas más contundentes y presencia institucional.
Pedido de intervención en Diputados
En este contexto, la crisis escaló al plano político. En las últimas horas ingresó a la Cámara de Diputados de Salta un pedido de intervención del municipio, según informó el periodista Oscar Correa.
La iniciativa podría tratarse este martes desde las 16:30 durante la sesión legislativa. En caso de avanzar, el Concejo Deliberante sería notificado y el intendente Javier Wayar debería dejar su cargo.
El planteo marca la gravedad institucional que atraviesa La Merced y pone al jefe comunal en una situación cada vez más comprometida.
Avanza la causa judicial
Mientras tanto, la Justicia imputó a Miguel Plaza, quien permanece detenido en la Alcaidía. La investigación busca determinar las responsabilidades penales en el hecho.
En paralelo, crece la incertidumbre por la ausencia del intendente en el pueblo, ya que su paradero no fue confirmado oficialmente. El silencio de las autoridades solo profundiza la tensión social.
Con un pedido de intervención en marcha, una causa judicial en curso y una comunidad golpeada, La Merced atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años.
