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Lo que comenzó como un control de tránsito rutinario en abril de 2018 terminó en un escándalo judicial que ahora le costará caro a las arcas públicas. Un ciudadano, cuya motocicleta Honda Wave NF100 quedó secuestrada y bajo la "custodia absoluta" de un destacamento vial, logró que la Justicia dicte una sentencia de ejecución contundente tras años de negligencia oficial.
Una desaparición insólita
El dueño del rodado cumplió con todos los pasos que dicta la ley: regularizó su situación y abonó las multas correspondientes. Sin embargo, cuando se presentó en mayo de 2019 con la orden de liberación para retirar su vehículo, recibió una respuesta increíble: la moto se había esfumado del predio estatal.
Ante la falta de respuestas y el desamparo institucional, el damnificado inició una demanda que hoy sienta un importante precedente sobre la responsabilidad del Estado como depositario de bienes privados.
Sentencia: valor actualizado y "daño moral"
La resolución judicial fue tajante al determinar que el Estado no puede desentenderse de los bienes que confisca. Los puntos clave del fallo son:
• Reparación económica: El Estado deberá pagar el valor actualizado de la motocicleta al momento de la liquidación final. Se descartaron los valores históricos de 2018, garantizando que el dueño reciba el monto necesario para adquirir un bien similar hoy.
• Resarcimiento extra: Se sumó un 20% adicional en concepto de daño moral.
Los jueces fundamentaron este último punto reconociendo la angustia, la impotencia y el maltrato administrativo que sufrió el ciudadano. El fallo destaca que el organismo encargado de velar por la seguridad del bien no solo falló en su custodia, sino que dejó al propietario a la deriva durante años de incertidumbre.
Este caso sirve como advertencia sobre el manejo de los depósitos judiciales y garantiza el derecho de los ciudadanos a ser resarcidos cuando el aparato estatal incumple su deber de guarda y custodia.
