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El escándalo por el casamiento realizado en plena Quebrada de las Conchas sumó un nuevo capítulo político en Cafayate. En las últimas horas, la concejal cafayateña Romina Mamani, integrante del Concejo Deliberante local, salió a defender el evento y aseguró que contaba con todos los permisos necesarios, lo que generó aún más controversia.
A través de sus redes sociales, la concejal local difundió un descargo en el que afirmó haber realizado averiguaciones y sostuvo que la boda cumplía con los requisitos legales. Según detalló, existían estudios de impacto ambiental previos, permisos aprobados y un seguro contratado ante cualquier eventualidad.
Además, la edil remarcó que el lugar donde se llevó a cabo el evento pertenece a la familia Soriano desde hace más de 60 años, lo que —según su versión— habilitaría la realización de actividades privadas. También aseguró que los guardaparques tenían conocimiento de la celebración y que se tomaron medidas de protección ambiental.
Sin embargo, estas declaraciones entran en fuerte contradicción con la postura oficial del Gobierno de Salta. Desde la Secretaría de Ambiente denunciaron que el permiso presentado para el casamiento sería falso y que incluso se habría adulterado la firma del titular del área, Alejandro Aldazábal.
La denuncia ya fue presentada ante la Justicia y se investigan posibles delitos como falsificación de instrumento público y daño ambiental, en un caso que sigue escalando tanto en lo judicial como en lo político.
Por qué no se pueden hacer eventos en una reserva natural
Más allá de las versiones cruzadas, hay un punto central que explica la gravedad del caso: la Quebrada de las Conchas es un área natural protegida por ley. Este tipo de espacios tiene regulaciones estrictas para preservar el ambiente, el paisaje y la biodiversidad.
Los eventos masivos —como casamientos o fiestas— no están permitidos sin autorizaciones específicas porque pueden generar múltiples impactos negativos. El uso de luces, sonido elevado, estructuras y gran circulación de personas puede alterar el comportamiento de la fauna, afectar ecosistemas frágiles y acelerar la erosión de formaciones geológicas únicas.
Por eso, la normativa exige estudios de impacto ambiental previos, permisos formales emitidos por organismos oficiales y controles durante y después de la actividad. Sin estos requisitos, cualquier intervención puede ser considerada una infracción e incluso un delito ambiental.
Mientras tanto, en redes sociales el cruce es cada vez más intenso. Hay quienes respaldan la postura de la concejal, pero también crecen las críticas por el posible uso indebido de una reserva natural protegida.
El caso, que comenzó como una polémica ambiental, ahora suma tensión política local y deja en evidencia versiones completamente opuestas sobre lo ocurrido en uno de los paisajes más emblemáticos de Salta.
