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La reforma laboral recibió su primer golpe en la Justicia. El juez laboral Ricardo Gileta declaró inconstitucional el artículo 55, uno de los puntos más polémicos de la llamada “Ley de Modernización Laboral”.
El apartado cuestionado establecía nuevos criterios para actualizar las deudas en juicios laborales, utilizando intereses del Banco Central de la República Argentina, con un límite máximo equivalente a inflación más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo.
Según especialistas, ese mecanismo podía reducir entre un 20% y un 60% lo que finalmente cobran los trabajadores en comparación con los criterios que utilizaban antes muchos tribunales laborales.
En su resolución, el magistrado consideró que la norma genera un trato desigual entre juicios iniciados antes y después de la reforma, lo que viola el principio de igualdad ante la ley.
Por ese motivo, el juez dispuso que el crédito laboral del caso se actualice según el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla un ajuste por inflación más un 3% mensual desde la mora hasta el pago efectivo.
El fallo marca el primer precedente judicial contra la reforma laboral y podría abrir la puerta a nuevas presentaciones en otros tribunales del país.
