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El diputado provincial Omar Exeni presentó un proyecto de ley orientado a reforzar la transparencia y el control sobre las viviendas adjudicadas por el Estado en el marco de programas de vivienda social. La iniciativa propone la creación del Registro Provincial de Inmuebles Adjudicados como Vivienda Social, una herramienta pública y gratuita destinada a brindar información clara y accesible sobre los inmuebles que se encuentran sujetos a restricciones de uso, cesión o disposición.
El registro alcanzará a todas las viviendas adjudicadas por la Provincia, principalmente a través del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) u otros organismos competentes, siempre que mantengan vigente el régimen especial derivado de su adjudicación. Entre los datos mínimos a publicar figuran la identificación catastral y el domicilio del inmueble, el programa habitacional bajo el cual fue otorgado y la existencia de restricciones legales o contractuales para su locación o cesión.
El Diputado Exeni destacó que el proyecto establece que el acceso al registro será libre, público y preferentemente digital y que encomienda al Poder Ejecutivo la designación de la Autoridad de Aplicación, responsable de su administración y actualización permanente. Además, prevé la posibilidad de celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales para asegurar la correcta identificación y control de los inmuebles alcanzados.
“Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un canal formal y permanente de denuncias para reportar situaciones irregulares vinculadas a la venta, alquiler, cesión o cualquier otra forma de disposición —onerosa o gratuita— de viviendas sociales”, explicó Exeni y subrayó que “el Registro es en respuesta a las permanentes denuncias de los vecinos en los barrios sociales”. “Las denuncias podrán realizarse de manera presencial o digital, con garantía de confidencialidad para el denunciante”, agregó.
La iniciativa también dispone que, ante la comprobación de irregularidades que desnaturalicen el fin social del inmueble, la Autoridad de Aplicación deberá disponer el cese de la adjudicación y adoptar las medidas administrativas correspondientes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.
En los fundamentos, Exeni remarcó que el proyecto no crea nuevas sanciones ni vulnera derechos adquiridos, sino que incorpora herramientas de transparencia, control y participación ciudadana para fortalecer la seguridad jurídica, proteger el interés público y asegurar que las políticas de vivienda social cumplan efectivamente el objetivo para el cual fueron concebidas.
