Zigarán cuestionó a Nación por la falta de infraestructura en el paso con Bolivia

El interventor de Aguas Blancas expresó su malestar por la falta de respuestas de las autoridades nacionales ante la crisis del cruce con Bermejo.
Salta23/01/2026PUE!PUE!
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El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, lanzó duras críticas contra las autoridades nacionales por la falta de avances en la mejora del paso fronterizo con Bermejo, Bolivia, una situación que, según advirtió, afecta de lleno la actividad comercial, turística y migratoria de la región.

Zigarán señaló que existen medidas sencillas que podrían mejorar de forma significativa el funcionamiento del cruce, pero que no se implementan por falta de decisión política, en diálogo con FMProfesional. Entre los puntos más urgentes mencionó la habilitación de taxis de ambos lados de la frontera, la regulación del uso de las chalanas y la mejora de la infraestructura básica para quienes deben esperar durante horas, muchas veces expuestos al calor o a lluvias intensas.

"Renegamos con autoridades nacionales porque podrían simplificarse un montón de cosas y no nos dan bolilla", manifestó el interventor, quien comparó la situación con otros pasos fronterizos del país, como Posadas - Encarnación, donde el tránsito es más fluido y los servicios funcionan sin mayores trabas para los usuarios y transportistas.

Un punto central de la crítica fue el sistema de control integrado entre Argentina y Bolivia, que obliga a ambas naciones a operar bajo el mismo esquema de verificación. Según explicó, el problema se agrava porque Bolivia destina poco personal, lo que termina ralentizando todo el proceso del lado argentino.

"El puesto es conjunto. Argentina puede tener cinco personas, pero Bolivia manda una sola. Entonces la velocidad que imprimís acá la perdés con el boliviano solo", detalló, subrayando que esta situación genera largas filas y frustración entre visitantes y comerciantes.

Zigarán también cuestionó la precariedad del espacio de espera para los usuarios. "No alcanza ni para veinte personas", dijo, en referencia a la falta de refugio ante condiciones climáticas adversas, como sol intenso o lluvia.

Como alternativa, planteó la posibilidad de separar las aduanas argentina y boliviana, de modo que los retrasos de un lado no afecten directamente el ingreso al país vecino.

El interventor describió la realidad comercial del municipio y señaló que, si bien Aguas Blancas funciona como un paso obligado, la localidad no obtiene beneficios directos del flujo de personas. "Es como la playa de estacionamiento de Bermejo. La gente no viene a Aguas Blancas, está obligada a venir, dejar el auto y cruzar", expresó.

Además, advirtió sobre los riesgos de cruzar con vehículos hacia Bolivia, donde -aseguró- los robos y recuperaciones irregulares generan incertidumbre. Mencionó un caso reciente en el que un vehículo argentino recuperado del otro lado habría sido desguazado tras un conflicto administrativo.


Zigarán sostuvo que la combinación de demoras, restricciones y falta de opciones termina incentivando los cruces ilegales. Explicó que, si bien existen pasos formales como el puente o Migraciones, muchas personas optan por atajos para salir y reingresar al país sin registro oficial.

"Si hacés chalana por Migraciones tenés registro como si fuera el puente. Pero la gente toma un atajo y evita la aduana. Sale del país de manera ilegal, compra y vuelve a ingresar ilegalmente", ilustró.

El interventor también valoró el funcionamiento del Plan Güemes, al que calificó como un acierto por el despliegue permanente de Prefectura y el cierre de rutas utilizadas para el contrabando. En particular, destacó el impacto de la clausura del paso de Finca Karina, ocurrida hace cinco meses, lo que habría reducido de forma sustancial los movimientos ilegales de gran volumen.

Sin embargo, reiteró que el control fronterizo debe contemplar la economía de subsistencia local. "El pueblo de Aguas Blancas vive de ese intercambio comercial", afirmó, y advirtió que aplicar controles rígidos sin considerar el contexto social podría generar un colapso económico del sector comercial.

En ese sentido, criticó el límite de 300 dólares mensuales para compras en frontera, calificándolo de insuficiente para quienes dependen del comercio transfronterizo, y afirmó que dicha restricción empuja a muchos a buscar vías informales.

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