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La iniciativa fue impulsada por el presidente Javier Milei y busca “ordenar el marco normativo vigente”, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.
Según informó la Oficina del Presidente, a más de 15 años de su sanción la actual Ley de Glaciares presenta “graves falencias interpretativas” que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
Desde el Ejecutivo explicaron que la reforma propone reglas claras: proteger los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalecer los estándares ambientales vigentes y eliminar la discrecionalidad que, bajo criterios ideológicos, habría obstaculizado el desarrollo económico del país.
El proyecto reafirma lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que exige la protección del ambiente sin impedir el desarrollo humano, y en el artículo 124, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. En ese sentido, se fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, se reconoce su capacidad técnica y científica y se promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares para contar con información precisa y actualizada.
Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa se enmarca en el rumbo trazado desde el inicio de la gestión: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas. Además, indicaron que la reforma da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y responde a los reclamos de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan).
Finalmente, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso un pronto tratamiento del proyecto y que, durante el proceso legislativo, se garantice la participación ciudadana. Según el comunicado oficial, la reforma representa “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”.

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